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INTRODUCCIÓN
Desde el surgimiento de las universidades se identifica el compromiso de propiciar el desarrollo de la sociedad, a partir de la formación académica y/o en la producción científico-técnica que estas instituciones generan. Desde fines del siglo XX, se crearon las bases para que las universidades centraran los esfuerzos en la comprensión y concreción de la relación que deben tener con la sociedad. Lo cierto es que, con mayor o menor diferencia, este reclamo crece en esta centuria como nunca antes y aunque a la idea de la responsabilidad social de la universidad se le atribuye un sentido específico en cada contexto, existen aspectos que por su consenso internacional se asumen como principal referente de análisis.
La relevancia atribuida a la educación superior a partir de aspectos señalados en diversos foros, las Conferencias Mundiales sobre Educación Superior (CMES, 1998, 2009), las Conferencias Regionales de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES, 2008, 2018) y la Declaración de Buenos Aires (OREALC, 2017). Estas conferencias sentaron las bases de concepción de la educación superior como bien público, por lo que la universidad se convierte en centro de producción del conocimiento útil en los distintos ámbitos de la práctica sociales.
Si bien en Europa se exige que la universidad se encargue de ofrecer servicios educativos de calidad con transferencia de conocimientos, el compromiso social y la promoción de valores ciudadanos, estas instituciones deben hacerse responsable de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Mientras en el contexto latinoamericano, el compromiso social de la universidad se orienta a conseguir las transformaciones sociales, lo cual coloca el encargo de la universidad en el centro de la gestión de cambio y solución de problemas sociales (Torres Márquez, 2015).
En tal sentido, las experiencias acumuladas estos años por las universidades en el mundo no solo promovió la relación con las empresas, los gobiernos locales e instituciones culturales para favorecer el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y social, sino también se están abriendo posibilidades para participar de manera protagónica en la solución de los problemas locales sobre todo en aquellas tareas en las cuales es preciso que mediante la educación se empodere a los ciudadanos de su responsabilidad con el bien público (Torres Márquez, 2015).
Esta proyección se fundamenta desde el siglo XX con el término vinculación con la sociedad, al asumir este como un proceso necesario de las instituciones de educación superior (IES); a su vez, como una función adicional que modifica los fines de la investigación y que llevan implícito la formulación de políticas y estrategias que permiten establecer una interacción distinta con el sector productivo. Las tendencias marcan propuestas que ayudan a crear un entramado de tareas y funciones que acentúan la relación desde perspectivas diversas.
Para Luna (1997) esta relación sustenta un vínculo de carácter economicista o fiscalista, al responder a las necesidades del sector productivo; asistencial y filantrópico para solucionar problemas, sobre todo en los sectores socialmente desprotegidos. Es mucho más reciente concebir el protagonismo de la universidad del siglo XXI en temas relacionados con la gobernabilidad y la implementación de acciones vinculadas a la inclusión, equidad y desarrollo sostenible en una sociedad global.
Así, desde las prioridades de la Agenda 2030 (ONU, 2016) y la proclama de la Declaración de Buenos Aires (OREALC, 2017) el discurso pedagógico reiteró el compromiso social de la universidad e instó a socializar experiencias y prácticas que signadas o no por la emergencia de cada país, permitiendo develar las posibilidades de las universidades para aunar voluntades en función de un bien común.
En este contexto, el esfuerzo de todos los actores involucrados no solo asumiría la responsabilidad de lograr «la formación integral de los estudiantes y la participación activa y consciente de estos en dar solución a las necesidades de la sociedad» (OREALC, 2017, p. 5), sino que desde ella se convertiría en el eje dinamizador del desarrollo sostenible y bienestar de todos los ciudadanos, al generar oportunidades para la participación de manera activa y democrática en la creación del conocimiento, tecnologías de alcance social (comunitario, local, regional nacional y mundial). Las prerrogativas de este reclamo obligan a una sistematización de las concepciones e iniciativas que legitiman el pensamiento pedagógico universitario respecto al tema.
Desde el punto de vista teórico se legitimaron propuestas loables, asociadas a la integración de procesos (Batista Mainegra, 2016; Lugones Muro et al., 2016; Batista Mainegra et al., 2020; Rovira Álvarez et al., 2020; Véliz Gutiérrez et al., 2020); la creación de espacios de interacción con la sociedad dentro y fuera de la universidad (González González, 2020) y la gestión de sus procesos (González Aportela, 2016; Rojas Valdés, 2018; Ulloa Enríquez, 2019); mientras desde el punto de vista metodológico, se identifican los ejes de sistematización que precisan revisión de las concepciones que se asumen acerca de la gestión, las estructuras, actores, espacios, relaciones y enfoques que sustentan la RSU, sobre todo porque estas constituyen un área de tensiones.
En este propósito y como resultado de la investigación desarrollada por los autores en los últimos años, las ideas que aquí se presentan son resultado de la sistematización trabajos publicados en revistas, eventos y en investigaciones de un grupo de países como España, Guatemala, México, Perú, El Salvador, Ecuador, Venezuela y Cuba. En este caso el acceso a la producción científica en buscadores académicos y referencia a las experiencias presentadas en los eventos de Universidad en La Habana y el proyecto de gestión de procesos sustantivos universitarios que llevan el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) y la Universidad de Cienfuegos, aseguran una representación aceptable para este estudio.
DESARROLLO
La visión holista y global de la responsabilidad social de la universidad, reconoce la proyección social de su función desde la extensión de los servicios y el propósito de concreción del liderazgo de la universidad al desarrollo sociocomunitario desde un modelo de intervención equitativo, sostenible y responsable según demanda la Agenda 2030. Luego, se entiende que bajo este término se legitima la relación axiológica entre universidad-sociedad desde un planteamiento común, en el cual se entrelazan referencias políticas y teóricas, cuyo alcance y definición genera tensiones, sobre todo, asociadas a las concepciones acerca de su gestión.
En primer lugar, existe una gran tensión ante la ambivalencia en el manejo del término, pues es evidente que existen diferentes aproximaciones al término RSU, que datan de mediados del siglo XX. En ellos se tiende a distinguir una cualidad diferente, circunstancial y abierta a nuevas interpretaciones; al intentar aportar a la construcción teórico-metodológica que responde a los diferentes contextos de análisis y la contribución, que alude a uno u otro aspecto: la conceptualización, organización, dinámica de la gestión y alcance de la RSU.
En este marco, fue a finales del siglo XX que se sentaron las bases para asumir una concepción de la RSU centrada en una orientación estratégica de gestión interna de las universidades, la cual pretendía convertir la comunidad universitaria en una entidad democrática. Por ello buscaba trabajar por la equidad, la transparencia, hasta hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible, que favorecía el aprendizaje de hábitos y valores ciudadanos de los estudiantes y docentes.
En este mismo orden, en un segundo momento, se le atribuyó un papel relevante a la investigación científica orientada al desarrollo, lo cual permitió que las universidades lograran trascender sus muros y mediante convenios se vincularan a las comunidades. Y a su vez fueran desplegando una sinergia de saberes interdisciplinares en la búsqueda de nuevos conocimientos acerca de las problemáticas económicas y socioculturales que se generaban en el desarrollo humano.
Sin embargo, las dinámicas científica-tecnológicas y sociales fueron configurando un tercer momento en la evolución de las concepciones que sustentan la RSU, al consignar a la iniciativa e intervención humanitaria un papel relevante en la integración de la proyección social de las instituciones de educación superior, afirmando el significado que se le atribuye al voluntariado estudiantil, desde el cual se puede aprovechar su aprendizaje profesional y el talento individual y de los grupos en función del bien público.
Una u otra forma de concreción de la RSU consiguió legitimar que el impacto social y formativo como el contenido principal de esta acepción. En virtud de esto, es reiterada la alusión a la integración de los procesos sustantivos universitarios para cumplir el encargo social de la universidad, la pertinencia y calidad educativa. De este modo, desde el punto de vista teórico, la aparente flexibilidad de posturas tiende a disminuir la tensión en cuanto a qué y cómo concebir la gestión de la RSU. Las posturas solo pueden entenderse como un referente para elaborar una concepción holística del tema.
Los estudios realizados acerca del tema advierten una mayor trascendencia de la idea de una universidad socialmente responsable cuando desde la gestión de sus misiones sustantivas:
«construye sinergia entre la autonomía como derecho y condición necesaria de personas y/o instituciones y el cumplimiento de sus propósitos misionales con calidad y una participación social para contribuir al desarrollo justo y sostenible» (Aponte Hernández, 2015, p. 17);
inserta la RSU como un aspecto esencial de la política de gestión de la calidad ética, «mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria para la transformación efectiva de la sociedad» (Vallaeys, 2014, p. 6);
considera la vinculación con la sociedad como en proceso totalmente natural desde la cual «es asumida como función sustantiva de la universidad moderna» (Campos y Sánchez, 2006, p. 22), superando así la connotación académica e investigativa y salvaguarda del saber más importante de la humanidad; y
asegura una sólida formación académica al tiempo que estimula el compromiso con la realidad social, incentiva el espíritu crítico y los valores solidarios en el encuentro entre los saberes y las prácticas cotidianas (Gazzola, 2006) lo cual explica que la sociedad valorice la universidad como institución formativa y transformadora «para dar respuesta a las necesidades de superación y capacitación, por lo que contribuye al desarrollo cultural integral» (Del Huerto, 2007, p. 3).
Esta tensión pone en primer plano los desafíos de la gestión de los procesos universitarios, pero de manera especial indica que el primero y más importante a considerar está asociado a la manera en que logra el cumplimento de la responsabilidad social universitaria. Desde esta prerrogativa para responder al desafío, los autores de esta investigación en los últimos cinco años vienen ofreciendo propuestas que por su significado y sentido permiten identificar aspectos claves que deberán ser considerados en la práctica.
En primer lugar, concebir la RSU como centro de la gestión institucional, supone declarar con ajuste a la realidad mundial, nacional y local las tareas que conforman las direcciones estratégicas en interacción de la universidad con la sociedad. Lo cual explica que desde la proyección de los gobiernos, la universidad se encargue de conciliar la orientación transformadora e intersectorial y la participación social en la toma de decisiones y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan el bienestar de las personas y el desarrollo sociocultural.
Es por ello que la universidad debe promover la percepción de riesgo, informatización, comunicación, capacitación, movilización, sensibilización y evaluación de impacto desde su intervención formal e informal, asumiendo un modo de actuación responsable en la coordinación y ejecución de las estrategias conciliadas. Se entiende entonces que la intersectorialidad es la condición que asegura el cumplimiento de la responsabilidad social de la universidad ante los imperativos del desarrollo científico tecnológico que comparten organismos, empresas y entidades de gobierno.
En segundo lugar, es preciso definir la intencionalidad de las actividades para concebir que la gestión estratégica se orienta a consolidar el diálogo de saberes, que genera la participación social en la transformación de la realidad, lo cual le otorga un sentido para promover el cambio en la orientación de la toma de decisiones, en la planificación, ejecución, control y evaluación de las actividades, y la secuencia metodológica que estas deben realizar para cumplir con la RSU.
Se explica así que Cué-Cedeño et al. (2020) aseguren que en la gestión universitaria es preciso institucionalizar procesos y sustentar las políticas claras, dinámicas y democráticas que centren su propósito en la calidad, faciliten la comunicación y el flujo de la información y de los recursos; que logren elevar la participación de directivos, profesores y estudiantes en la planificación y evaluación de las actividades; y que por su orientación a la integración a las diferentes actividades económicas, sociales, políticas, productivas y culturales generen soluciones a las diversas necesidades y problemas reales que prevalecen a nivel comunitario o nacional (González Aportela et al., 2020).
Desde esta perspectiva, la extensión universitaria se considera el eje de articulación de la gestión universitaria pues desde ella se deberá concretar la intencionalidad de todos los procesos sustantivos en su relación con la sociedad. Es la función totalizadora, integradora y dinamizadora del flujo cultural de la institución social, la que transversaliza todos los procesos, define el impacto en la actividad transformadora, comunicativa y educativa de preservar la cultura intra-extra universitaria.
En este caso, la actividad extensionista dentro de la universidad (intrauniversitaria) incluye los proyectos dirigidos a la formación cultural de los estudiantes, implica alianzas estratégicas con instituciones, personalidades, centros de estudio del territorio y el país, que se interrelacionan para ampliar las influencias educativas en función del desarrollo de la personalidad del estudiante. Fuera de la universidad (extrauniversitaria), asume un conjunto de actividades que legitiman la participación de la institución en el desarrollo local, nacional y mundial, desde el cual se acredita la identidad científica, tecnológica, sociocultural y educativa, en un intercambio de saberes y prácticas que en condiciones de igualdad favorece a los implicados sin diferencias.
En consecuencia, la extensión universitaria ha de considerarse el proceso sustantivo, que por excelencia gestiona todo tipo de relaciones con la sociedad al considerar que este engloba el sistema de promoción, intervención, transformación, comunicación y retroalimentación de los resultados en el proceso de formación e investigación que se desarrolla en la localidad.
Desde esta consideración, se comparte con Estévez Pichs et al. (2014) y Núñez Pérez et al., (2017), la idea de que la extensión universitaria se identifica como un proceso que contribuye a la calidad total de la educación superior, pero se asume que para lograr estos propósitos no solo deberá centrar la atención de los directivos dentro de la universidad sino las relaciones de la universidad con los organismos e instituciones que participarán en la dirección de la vida socioeconómica y cultural de la comunidad.
Se considera entonces que la extensión universitaria como proceso totalizador deberá centrar la gestión de las relaciones universidad y sociedad con la autonomía, interdependencia y participación dialógica de los sectores populares, los gobiernos y las instituciones ante los problemas del desarrollo social, lo cual direcciona los procesos de formación, investigación y superación en correspondencia con las demandas sociales.
Por tanto, las universidades primero deberán prever el estudio de esas necesidades sociales, y desde ella reordenar las acciones de investigación y actualizar los currículos de formación, así como crear espacios de superación e innovación (García Cuevas et al., 2020). Es preciso considerar entonces un cambio de perspectiva en que la proyección de la integración de los procesos sustantivos universitarios, no sea concebida desde dentro de la universidad hacia afuera, sino en una doble dirección en constante actualización que permita ajustar la estructura, funcionamiento y evaluación de la RSU como criterios de calidad educativa.
Es así que la gestión de la RSU deberá ser el centro de todas las actividades de dirección, el punto de partida para la toma de decisiones y la manera en que se alcanza el liderazgo de la universidad en los procesos sociales. Por tanto, no solo deberá incluirse como formas de concreción el currículo y la estrategia educativa de los colectivos de carreras, sino incorporar el proyecto sociocomunitario como la vía más efectiva para colaborar en la solución de problemáticas comunitarias, promover el activo protagonismo de la universidad y la participación social y ciudadana.
En este caso los proyectos imbrican indagación, movilización de las masas, capacitación, trabajo grupal, intervención y evaluación desde una metodología participativa, en la cual el líder del proyecto se encarga de optimizar las fortalezas de los miembros del grupo en función de una colectividad. En efecto, estos proyectos responden a líneas de trabajo consensuadas entre la universidad y los gobiernos locales en los que se legitima el servicio comunitario que la universidad deberá prestar para resolver, atenuar o prevenir conflictos y situaciones que demanden el estudio de otras aristas de la cultura dentro o fuera del perfil de formación de los estudiantes y profesores que participen.
La secuencia metodológica del proyecto extensionista como propuesta para la gestión de la RSU cursa desde la ruta general del método científico que supone el tránsito por el diagnóstico, conciliación, planificación, ejecución y evaluación (Fernández Bereau, 2020), pero cada uno de ellos se asume como un espacio de formación para todos los participantes. En este sentido, se vislumbra la necesidad de presentar la sinergia del proceso que, por su complejidad, entramado objetivo y subjetivo de las actividades, tiende a valorar la implicación práctica como concreción de impactos con los cuales se sustentan en la racionalidad del resultado y la trasformación del contexto; tanto en cuanto al proceso de entrada-salida, como cuando debería enfatizarse en la consistencia y sostenibilidad del resultado y su capacidad para ser transferible.
En correspondencia con esta posición, la experiencia de algunas universidades cubanas, han alcanzado el reconocimiento de su rol en la sociedad. Esto se debe al incremento de la transferencia de tecnologías, actividades de capacitación, asesorías a gobiernos, empresas y comunidad o mediante la inserción de estudiantes en proyectos y actividades en función del desarrollo local (DL), vinculadas al trabajo comunitario integral para la solución de los problemas identificados en el diagnóstico comunitario.
Resultan de obligatoria referencia en Cuba, los trabajos de González Fernández-Larrea y González González (2013), Batista Mainegra (2016), González Aportela (2016) y González González, (2020), ya que ratifican la pertinencia de mantener el interés en perfeccionar el proceso extensionista y su gestión en función de alcanzar la excelencia a partir del cumplimento de la RSU. De manera que los coloca en condiciones de potenciar todos los mecanismos que impulsen el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y tributen a la formación de un profesional sensible y comprometido en la solución de los problemas que aquejan a nuestro país.
Luego, el proceso de extensión universitaria legitimará la RSU a partir de los convenios y proyectos que responden a las necesidades sociales de la localidad y se conformen, en base a la unidad de intereses y acción de la comunidad universitaria con implicaciones dentro y fuera de ella. En este caso, marcan la capacidad de gestión de las transformaciones, en función de solucionar problemas y estimular el desarrollo en correspondencia con las expectativas y posibilidades culturales.
Por tanto, la extensión universitaria se deberá concebir no solo como un proceso sustantivo en sí mismo, sino como una dirección estratégica y global, que actúa como mediador entre la universidad y la sociedad. Así, los convenios y proyectos o acciones que se le encarguen lograrán la contextualización de las acciones y actividades, un liderazgo transformacional basado en la creación de espacios intersectoriales en los que estudiantes, profesores y directivos universitarios, establecerán redes de colaboración e interacción sostenibles y sustentables.
Finalmente, la racionalidad ética de la gestión de la RSU permitirá lograr la congruencia institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores sociales en la transformación e integración de sus procesos sustantivos.
CONCLUSIONES
La conceptualización de las ideas expuestas muestra una continuidad del tema basada en las tendencias que se observan en los desarrollos de sistemas e instituciones de la actualidad, por lo que cada momento exige nuevas misiones a la universidad, que de alguna manera condicionan los ulteriores desarrollos en materia de gobernanza. Los modelos de RSU buscan que las universidades cumplan con el encargo social que se le asigna. Para ello es una necesidad, en estos momentos, la fundamentación teórico-metodológica de la gestión de la RSU, pues esta tensión deja el vacío de quién es la responsabilidad y de cómo se ratifican las funciones de la universidad con los espacios locales, lo cual constituye la base para lograr la intersectorialidad.
Desafíos actuales y de futuro que determinan en gran medida la transformación de las universidades y la sociedad en la participación inclusiva, democrática, con equidad y sustentable; nos lleva a alcanzar la visión, el compromiso hacia la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. De modo que el liderazgo universitario, que implica el protagonismo de estudiantes y profesores para convertir la RSU en el eje del proceso de gestión, permite cumplir con los encargos de investigación y formación, colocando los impactos mutuos en una dialéctica de desarrollo sostenible. Esto genera estrategias y recursos desde las redes: humanas, sociales, científico-técnicas, que estrechan las distancias entre la formación de los recursos humanos, la investigación y la producción e intervención y la transformación.
Desde las ideas planteadas, se evidencia que la RSU trasciende lo social, ya que se apoya en la intersectorialidad, en la producción del conocimiento y la capacidad de acción al servicio de las comunidades, lo cual se evidencia en la propuesta presentada, ya que determina los tipos de actividades extensionistas que concretan el encargo social de la universidad, trasciende la participación como aspecto esencial para lograr la intencionalidad transformadora de las comunidades y valoriza todas las potencialidades humanas en función de ese compromiso social. La puesta en práctica de esta propuesta deberá ser contextual, ya que permitirá perfeccionar la gestión de este proceso con el protagonismo de los líderes. Se convierte en una prioridad del reordenamiento del nuevo modelo de la universidad para la construcción de una «ciudadanía global» que, a su vez, actúe a nivel local y protagonice el cambio hacia un futuro sostenible.
