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Introducción
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 52 millones de niños menores de cinco años de edad han presentado emaciación, 17 millones emaciación grave y 155 millones retraso del crecimiento, mientras que 41 millones sobrepeso u obesidad.1
En Argentina, los datos de la 2.° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS)2 realizada de 2018-2019 pusieron en evidencia que el 41,1 % de la población de 5 a 17 años tenía exceso de peso. Por otro lado, la prevalencia del retraso en el crecimiento (baja talla) en niños menores de cinco años de edad en el país, según los datos de la ENNyS I del año 2005 se mantuvo constante alrededor del 8,0 % hasta el año 2018 (ENNyS II).2 La malnutrición constituye uno de los principales problemas para la salud pública3) y las políticas alimentarias y nutricionales.
En las últimas décadas a nivel mundial y nacional hubo un importante proceso de reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989)4 ratificada en Argentina a través de la Ley 23.8495 y la Ley 26.061.6) El derecho a la alimentación en Argentina se encuentra explicitada en la Ley 25.7247 que dio origen al Programa de Nutrición y Alimentación Nacional y, más adelante al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) que involucra en sus líneas de acción a los comedores escolares (CE).
Hasta el momento del estudio la implementación de los CE en el país fue ejecutada por las jurisdicciones y los municipios, en la que se observaron importantes variaciones en los diferentes niveles de gobierno.8) Si bien parece que no existen datos publicados y actualizados sobre las coberturas de CE, se estima que aproximadamente 4,5 millones de niños y niñas de Argentina, en especial de sectores vulnerables, se alimentan en la escuela.8
Por otro lado, resulta fundamental incorporar un enfoque participativo en las políticas públicas alimentarias y nutricionales. Esta perspectiva se basa en romper con el punto de vista de los decisores, y propone un proceso de aprendizaje colectivo y de búsqueda pluralista de solución a los problemas sociales.9 Sin embargo, hay estudios que ponen en relieve la importancia de una inversión más significativa y el desarrollo de estructuras institucionales para promover acciones participativas como eje central en la comprensión y eliminación de las disparidades en salud y nutrición.10,11,12
La transparencia y el acceso a la información pública (AIP) son mecanismos importantes que facilitan y posibilitan políticas públicas participativas. Según información de la CEPAL,13 gran parte de los países de la región cuentan con regulaciones específicas sobre transparencia y AIP.
En Argentina el derecho al AIP se reconoce en la Constitución Nacional14) con incorporación de los tratados internacionales.15,16 Desde el 2016 se cuenta con la Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.17) El objetivo de este derecho es garantizar el acceso, conocimiento y la transmisión de la información de fácil acceso, asimilable, y relevante, en un idioma y un contexto que los usuarios puedan entender y comprender, pero, que además, sea lo suficientemente amplia que permita no solo una plena participación ciudadana, sino que también haga explícita la actuación propia del Estado.17,18,19,20
Si bien se viene avanzando en el campo del AIP en la región, se observa que actualmente es escasa la literatura que aplique sus principios y lineamientos a políticas públicas concretas, en especial las sanitarias, sociales y nutricionales. Un estudio a nivel de América Latina indica que algunas acciones en comedores comunitarios, en muchas ocasiones, no garantizan efectividad ni transparencia.21 También se observan barreras en el acceso a la información pública, deficiencias en transparencia activa y dificultades de accesibilidad a contenidos destinados a grupos específicos.22
La literatura publicada en Argentina respecto a la transparencia de políticas de alimentación escolar es insuficiente, y la región no está en una situación mucho más alentadora. Este trabajo es parte del estudio “La política pública alimentaria y nutricional destinada a la población infantil: un análisis de la implementación y del impacto de los comedores escolares de Córdoba, Argentina”.a
El objetivo del estudio fue explorar el estado actual de la transparencia de la política alimentaria de comedores escolares en Argentina a través de las posibilidades de acceso a la información pública.
Métodos
Diseño de estudio: se realizó un estudio descriptivo, transversal y exploratorio con métodos cuantitativos y cualitativos a partir del análisis documental23) desde el enfoque del derecho de acceso a la información pública (AIP)17,18,19,20) aplicado a la política de comedores escolares de Argentina y sus 24 jurisdicciones.
Se realizó en primera instancia una búsqueda de documentos normativos relacionados con AIP y a CE, con la finalidad de analizar el contexto normativo-jurídico a nivel nacional y subnacional (jurisdicciones). En una segunda instancia se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de documentos relacionados con la implementación de la política de CE en sitios web, posteriormente se adaptaron y aplicaron categorías definidas de AIP.24
Unidades de análisis: las unidades de análisis fueron todos los documentos. Se incluyó la información publicada en sitios web oficiales sobre normativas de CE y AIP y los relacionados con la implementación de la política de CE, disponibles y accesibles a través de los sitios web oficiales gubernamentales que se encargan de implementar las políticas de CE hasta el año 2019. El muestreo fue de carácter intencional y por accesibilidad a la información.
Criterios de inclusión y exclusión: se incluyeron todos los documentos normativos y textos completos de CE y AIP y los relacionados con la implementación de CE publicados y disponibles durante el momento del relevamiento de datos que estuvieron alojados y accesibles en los sitios web de los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Economía, Gobierno y/o Desarrollo Humano, a nivel nacional y de las 24 jurisdicciones de Argentina; sin distinción de tipo de formato y fecha de publicación.
En el caso de las normativas relacionadas a CE, se incluyeron las específicas como las no específicas, que dentro de sus lineamientos contemplaban a los CE. En el caso de marcos legales basados en actas de acuerdo, renovaciones, ratificaciones y convalidaciones de convenios dentro de una misma jurisdicción solo se incluyó la versión más reciente y la que contara con la mayor información en el texto completo.
Los documentos de presupuestos generales como los que hicieron mención a presupuestos específicos para CE se incluyeron sin distinción y se optó por revisar los textos completos para detectar cualquier tipo de información relacionada con esta categoría. Se revisaron los presupuestos correspondientes al año más reciente disponible en la web.
Los documentos sobre la implementación de la política de CE se incluyeron sin distinción cuando hicieron alguna referencia.
Se excluyeron las normativas que no estuvieran vigentes o que fueran proyectos de ley al momento del relevamiento, las que no estuvieron vinculadas con la alimentación y salud a nivel escolar o destinadas a la población general, las que estuvieron dirigidas solo a algún o algunos municipios, las que solo enunciaron a los CE dentro de otros servicios educativos y sociales sin profundizar en ellos y las normativas destinadas a la elaboración de alimentos, a enfermedades y deficiencia de nutrientes.
También se excluyeron los marcos regulatorios y documentos oficiales que solo se enfocaran en dar inicio al funcionamiento, adjudicación de presupuestos, equipamiento, manuales de procedimientos operativos, pliegos de contratación de empresas, supervisión, confección de menús, o los destinado al personal de CE.
Variables, dimensiones, y categorías de análisis: las dimensiones, categorías y subcategorías empleadas en el análisis cualitativo fueron:
Dimensión estado normativo del AIP a nivel nacional y de los gobiernos subnacionales antes y después de la promulgación de la Ley Nacional 27.27517: se exploraron en los documentos las siguientes categorías:
Dimensión estado normativo relacionado con la política de comedores escolares en gobiernos nacional y subnacionales de Argentina: se exploraron en los documentos las siguientes categorías:
Dimensión aplicación de lineamientos de acceso a la información pública en la política de comedores escolares en los gobiernos nacional y subnacionales de Argentina: se exploraron en todos los documentos normativos y de implementación de la política de CE las siguientes categorías y subcategorías adaptadas del “índice de trasparencia nacional” de Colombia:24
Información básica
Información ampliada
Periodo de implementación de los servicios alimentarios (meses o periodo temporal).
Presupuesto asignado (valores absolutos en moneda local).
Presupuesto ejecutado (valores absolutos en moneda local).
Definición de indicadores.
Indicadores evaluados.
Modalidad de implementación de los servicios alimentarios (por ejemplo, compras centralizadas, convenios con municipios, empresas tercerizadas, la propia escuela que compra los insumos, otras).
Información sobre características transversales
Característica de la muestra:
Tipo de documento oficial, con siete categorías: documentos técnicos que incluyeron aspectos de CE en formato descargable, documentos normativos sobre el AIP, documentos normativos relacionados a CE, noticias sobre CE publicadas en sitios web gubernamentales, documentos de presupuestos generales y específicos para CE, información técnica de CE en sitios web en formato no descargable, e infografía relacionada a CE.
Número total de categorías adaptadas de AIP24 aplicadas a la política de CE con la “presencia” de información precisa y clara.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: el relevamiento de datos se realizó durante el periodo de diciembre de 2018 a abril de 2019. Posteriormente, para este estudio, se llevó a cabo una actualización de la información sobre las normativas de AIP y CE promulgadas hasta diciembre de 2019.
La búsqueda fue manual a través de fuentes de datos secundarias oficiales y de acceso abierto de Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Gobierno, y/o Desarrollo Humano dependiendo del nivel de gobernanza (nacional y jurisdiccionales) y las modalidades de ejecución de CE. En el caso de los presupuestos se recurrió a una búsqueda adicional en los portales web de ministerios nacionales y jurisdiccionales de economía y en el caso de las jurisdicciones con ley propia de AIP, también se revisaron los portales de transparencia pública.
Para mejorar la confiabilidad y la reproducibilidad del estudio se utilizaron las siguientes palabras clave en el motor de búsqueda de Google: comedores escolares; nombre de la jurisdicción y nombre del ministerio. También se llevó a cabo una búsqueda manual adicional.
En el caso del mapeo de normativas para aumentar la sensibilidad de la búsqueda se exploraron los sitios web del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) a nivel nacional y sitios de legislaciones en cada jurisdicción. Se empleó una matriz basada en dimensiones y categorías preestablecidas como instrumento para guiar la recolección de información, con un campo abierto para la información emergente. Se descargaron y guardaron todos los documentos a incluir y se registraron los enlaces de acceso. Se generaron descripciones de la información encontrada en cada categoría y en el caso de la aplicación del AIP a la política de CE se imputó una categoría final de acuerdo con el nivel de información encontrada.
Con el propósito de mejorar la validez interna y mitigar posibles sesgos de información, se revisó al menos dos veces toda la información recolectada y se llevó a cabo una triangulación por investigador.25
Análisis de los datos: para analizar las variables cuantitativas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas y medidas de tendencia central y dispersión como la media, rango, valores máximos y mínimos y desvío estándar e intervalos de confianza al 95 %.
Los datos cualitativos se analizaron por medio de la técnica de análisis de contenido,26 que permitió describir e interpretar el significado del contenido de los textos. Durante el análisis se identificaron palabras y frases de los documentos que se incluyeron y se definieron con precisión las dimensiones, categorías y subcategorías. Los análisis se llevaron a cabo con el software ATLAS.ti versión 6.2 junto con la técnica manual de codificación de información.
Consideraciones éticas: el estudio se basó en documentos oficiales y públicos de libre acceso en el marco de Ley 27.27517 que regula el derecho al AIP y no se trabajó con sujetos humanos. El manuscrito fue evaluado por el Comité Institucional de Ética de las Investigaciones en Salud del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y dictaminó que no existen conflictos éticos.
Resultados
Características de la muestra de documentos analizados
Se seleccionaron para el análisis en profundidad un total de 308 documentos oficiales, de los cuales 86 (27,9 %) fueron documentos técnicos que incluyeron aspectos de CE en formato descargable; 70 (22,7 %) documentos normativos sobre AIP, 47 (15,3 %) documentos normativos relacionados a CE, 23 (7,5 %) noticias sobre CE publicadas en sitios web gubernamentales, 65 (21,1 %) documentos de presupuestos generales, 13 (4,2 %) información técnica de CE en sitios web en formato no descargable, y 4 (1,3 %) infografías relacionadas a CE.
Estado normativo del acceso a la información pública a nivel nacional y de los gobiernos nacional y subnacionales
Argentina cuenta con la Ley 27.275 que regula el derecho al AIP sancionada en el año 2016 y reglamentada por el decreto 206. Esta ley es de alcance para todos los organismos federales, y en el caso de las jurisdicciones y municipios que se adhieran a ella.
De las 24 jurisdicciones bajo análisis, 20 contaron con normativa que regula el AIP. Las jurisdicciones de Formosa, La Pampa, San Juan y Tucumán hasta el momento de este trabajo y de acuerdo a la información encontrada no contaron con ley que regulara el derecho al AIP, y cuatro jurisdicciones promulgaron sus normativas posteriores a la Ley Nacional del año 2016 (Tabla 1).
Estado normativo relacionado con la política de comedores escolares en gobiernos subnacionales de Argentina
A partir del análisis de los documentos normativos encontrados, se detectó que seis jurisdicciones del país no tuvieron ninguna normativa que incluya dentro de sus lineamientos a los CE, mientras que el resto tuvo algún tipo de regulación, ya sea a través de ley, decreto o resolución tanto específica, como no específica que incluyó a los CE. Gran parte de las normativas fueron promulgadas después del surgimiento de la Ley 25.724 que dio origen al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2003.
De acuerdo con la información encontrada las jurisdicciones de Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Santiago del Estero solo contaron con normativas no específicas que dentro de sus lineamientos incluyeran aspectos regulatorios sobre CE. En casi todos los casos donde hubo marco legal específico para los CE las autoridades de aplicación fueron los Ministerios de Educación y/o Desarrollo Social (Tabla 2).
Aplicación de lineamientos de acceso a la información pública en la política de comedores escolares en los gobiernos nacional y subnacionales de Argentina
Gran parte de las categorías de información básica, ampliada y características transversales de la información encontrada fue escasa tanto a nivel nacional como de las 24 jurisdicciones (Tabla 3). Las categorías de información básica tuvieron más presencia que las de información ampliada o características transversales.
Misiones fue la jurisdicción con menor información publicada, a pesar de tener normativas tanto los CE como para el AIP. También se observó escasa información en Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego; mientras que Río Negro y Santa Fe presentaron mayor información precisa y clara.
Información básica
Las categorías de nombre de la política, población objetivo, y tipos de servicios brindados fueron las que se presentaron con mayor información clara y precisa en gran parte de las jurisdicciones. Mientras que los criterios elegibilidad de destinatarios y mecanismos de supervisión de la implementación de la política tuvieron una menor presencia de información. Solo Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicaron información clara sobre los criterios de selección de destinatarios (Tabla 3)
Por ejemplo, en una actualización del año 2017 el sitio web gubernamental de la Provincia de Salta, respecto a la categoría de cobertura de raciones, destinatarios y/o escuelas, se refirió que se encontraban 829 escuelas en el programa de comedores escolares, distribuidas en toda la provincia, y que brindaba intervención alimentaria a un total de 162 250 alumnos.
Información ampliada
Estas categorías se presentaron como las más críticas en cuanto a la dificultad de AIP, en especial la relacionada con indicadores (tanto definidos como evaluados), periodo de implementación de los servicios alimentarios y presupuestos ejecutados. La información encontrada, en cuanto a la modalidad de implementación de los servicios brindados a través de CE fue poco clara en gran parte de las jurisdicciones, en las cuales se brindaba algún tipo de información. Se acotó la información clara y precisa sobre presupuestos asignados, observándose algunas excepciones a nivel nacional, Córdoba, San Luis y Santa Fe (Tabla 3).
Por ejemplo, el documento normativo de comedores escolares de la Provincia de Río Negro planteaba la realización de evaluación permanente del proceso y de los resultados del Programa, mediante el monitoreo de los servicios de alimentación, los proveedores, los establecimientos educativos y los municipios, a partir de determinados indicadores.
Información sobre características transversales
Se observó que en 12 jurisdicciones hubo contenido claro que hizo referencia a un enfoque de alimentación saludable de la política de CE. En la información proveniente de Santa Fe y Tucumán se puso en relieve que hay un criterio de universalidad en por lo menos algún servicio alimentario y en escuelas con una determinada condición (como por ejemplo combatir el ausentismo escolar). Sin embargo, esta información no fue del todo clara; en Chubut como en Jujuy, los cuales brindaban alguna información que daba cuenta de la coordinación de la política de CE con otras políticas sociales (Tabla 3).
Por ejemplo, el documento normativo de la Provincia de Santa Fe, sobre la categoría de presencia de un enfoque de accesibilidad universal en por lo menos una condición de vulnerabilidad, planteaba que no se aplicarían condicionamientos de admisión, cuando fueran comedores que tenían el objetivo de combatir el ausentismo escolar, por el tipo de escuela o la distancia que debían recorrer los estudiantes.
Por su parte, el documento normativo del Programa de Nutrición Escolar de la Provincia de Jujuy, sobre la categoría de presencia de articulación con otras políticas de protección social, establecía sustituir el Programa de Comedores Escolares, y dentro de sus alcances se indicó fortalecer a los productores y proveedores locales y al sistema de “Compre Jujeño”.
Se observó que a nivel nacional y de todas las jurisdicciones bajo análisis no se encontraron diferencias entre el subgrupo sin y con marco legal de AIP. En el primer escenario sin soporte normativo la media de categorías reportadas con “información precisa y clara” sobre CE fue de 3,50 ± 0,58 [IC95 % (2,58-4,42)], y en el subgrupo con soporte legal de AIP la media fue de 3,62 ± 1,75 [IC95 % (2,82-4,41)]. El rango de las categorías con información precisa y clara entre las jurisdicciones (incluyendo el nivel nacional) fue de 5, tomando como valor máximo 6 categorías reportadas y el mínimo fue de uno.
Discusión
A partir de los resultados alcanzados se puede decir que, si bien existe un soporte regulatorio nacional en materia de acceso a la información pública (AIP), los niveles de transparencia respecto a las políticas de comedores escolares (CE) en los diferentes niveles de gobernanza y más allá de tener o no un marco legal local de AIP fueron escasos. No se observa una política de transparencia activa.
Como se planteó de manera similar en un estudio previo del 2019,27 los hallazgos indican que gran parte de las jurisdicciones del país cuentan con una normativa sobre AIP, la mayoría fueron publicadas antes de la Ley Nacional, e incluso algunas datan de más de dos décadas, por lo que se plantea la necesidad de revisión y posibles mejoras de estos marcos legales.
En ese estudio del Banco Mundial27 se postuló que por su alcance no era posible hacer inferencia respecto al grado de implementación y cumplimiento de los marcos regulatorios. Lo que coincide con lo observado en el presente estudio al aplicar lineamientos de AIP a una política pública concreta, y más allá del escenario regulatorio con/sin ley AIP fue difícil acceder a la información. No se encontraron diferencias en la media de categorías con información completa y clara, lo que revelaría los desafíos de avanzar hacia la real implementación de los marcos legales ya vigentes en políticas públicas en pos de fortalecer múltiples derechos.
Se pudo constatar un acceso limitado a la información publicada sobre la política de CE de manera global, la cual podría mejorarse en todas las jurisdicciones y a nivel nacional. En Río Negro y Santa Fe se observó un acceso a la información clara levemente mayor y, además, se incluyó información desde una perspectiva de alimentación saludable. La baja transparencia sobre los CE encontrada en todo el país es un resultado similar a lo planteado por Torres Oregón21 en su trabajo de comedores comunitarios en México.
Cabe destacar que además se encontró una importante variabilidad del AIP en cuanto a la calidad de información disponible entre las jurisdicciones. Este resultado fue similar al estudio de Marais y otros28) en Sudáfrica, en el que sugieren que el acceso a la información se aplica de manera variable en los departamentos de salud nacionales y provinciales.
En cuanto al AIP sobre monitoreo y evaluación a través de indicadores, en este trabajo se puso en relieve los escasos datos publicados, en que esta situación podría estar relacionada con la dificultad que tienen los gobiernos para plantear y evaluar indicadores como se ha postulado de manera similar en un trabajo previo.29 Es fundamental la implementación de reformas institucionales para promover la transparencia, participación y de rendición de cuentas en la gestión de programas sociales focalizados.30
Cabe destacar que el acceso a la información es un importante determinante social de la salud.31) Como plantea Jardines Méndez,32 se encuentra íntimamente relacionado con la equidad en salud desde dos dimensiones como fuente de información sobre equidad y como generadora de equidad basadas en fuentes de información confiables contextualizadas a nivel local que respondan a las necesidades32.
En el presente trabajo, la información a la que se pudo acceder por medio de los sitios web, permitió definir algunas características similares en gran parte de las jurisdicciones bajo análisis. Por ejemplo, que se implementan, principalmente, desde ministerios de educación, lo cual es similar a lo planteado en un reporte de FAO de 2018, el cual postula que en la región los programas principalmente los manejan estos ministerios.33) A partir del análisis de documentos y de la información a la cual se pudo acceder, resultó preocupante la escasa participación del sector salud en los CE desde un trabajo interministerial, dada la importancia de incluir una mirada holística de alimentación en la edad escolar. Asimismo, se detectó que hay poca información que dé cuenta de un enfoque de accesibilidad universal y de la presencia de articulación de CE con otras políticas sociales.
A partir de los resultados del presente estudio se ofrecen algunas recomendaciones relacionadas con el tema abordado:
Considerando los marcos normativos existentes, se podría inferir que existe un escenario propicio para poder fortalecer instancias de transparencia y AIP en las políticas alimentarias y nutricionales como en otras políticas relacionadas. Sin embargo, resulta fundamental avanzar hacia una real implementación. Según la literatura internacional las alianzas entre interesados del gobierno, la sociedad civil y otros sectores podrían mejorar la transparencia y el acceso en salud.34
Revisar el estado de la normativa nacional y subnacional que alcanza a los CE. De acuerdo con la información a la cual se pudo acceder, se detectó que seis jurisdicciones aún no cuentan con ninguna regulación de la política de CE que este publicada.
Se recomienda revisar el contenido de las normativas existentes relacionados con esta política en consonancia con los lineamientos de AIP, estableciendo sistemas más claros sobre quiénes son los sujetos los que están obligados a proporcionar y producir la información, como los alcances de los CE y su enfoque.
Consolidar sitios web específicos para CE dentro de los sitios web ministeriales responsables de su implementación de acuerdo con la normativa actual de AIP, en los cuales los documentos técnicos, noticias, indicadores, entre otros. se mantengan actualizados y accesibles.
En el área de gobierno abierto, estos resultados pueden constituirse en una línea de base para continuar con el monitoreo de la transparencia pública en políticas alimentarias y nutricionales. El disponer en la actualidad de una ley nacional de AIP y en gran parte de las jurisdicciones, plantean nuevos desafíos para el campo de las políticas públicas más aún las de salud, protección social, alimentación y nutrición y el debate debería empezar a centrarse en estadios más avanzados de gobierno abierto y la buena gobernanza, aplicados a estas áreas.
Resulta necesario que los gobiernos a nivel nacional y subnacional demuestren una mayor voluntad política tendiente a garantizar el derecho de AIP sobre las políticas de alimentación escolar y consolidar los espacios virtuales como principal herramienta para acercar el Estado a la ciudadanía y transparentar sus acciones.
Se recomienda realizar futuras investigaciones que puedan profundizar sobre el análisis de la normativa nacional vigente. Si bien dentro de la Ley 25.7247) que crea el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional se incluye dentro de sus líneas a los CE y comunitarios, sería recomendable constatar el nivel de cumplimiento y definir si resulta insuficiente al presente como resorte normativo en la regulación de CE, en consonancia con los lineamientos de la Ley Nacional 27.27517 de AIP, más aún después de casi dos décadas desde su promulgación.
Como lo plantea la Ley 25.7247 en su artículo 4, crear la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación (por decreto 901/2003), no hay aparente información disponible, accesible y publicada sobre sus acciones y alcances. Se recomienda que la comisión establezca los mecanismos de AIP en el marco de la Ley 25.7247 y la Ley 27.275.17
Al analizar estas recomendaciones se debe tener en cuenta algunas limitaciones del presente estudio como que no se consideraron en el análisis políticas de CE de gestión municipal, ni se consideró el posible paralelismo temporal de la información publicada con el contexto social, económico, normativo y político del país.
Otra limitación radica en que se optó como única fuente de información los sitios web gubernamentales y legislativos donde algunos documentos podrían no haber estado disponibles en línea al momento del relevamiento.
Además, en este trabajo no se analizaron los documentos difundidos por otras vías de comunicación, como la prensa escrita, redes sociales o pedidos de informes a las entidades gubernamentales. Sin embargo, como lo establece la Ley Nacional 27.27517 de AIP “la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros” por lo que tomar como fuente principal de datos al soporte digital en el campo de estudio de la transparencia y el AIP en Argentina sería un diseño válido y aceptable.
A pesar de estas limitaciones se logró caracterizar de manera global, con un alcance nacional y subnacional y a partir de una búsqueda lo suficientemente exhaustiva el estado de la situación del AIP aplicado a las políticas de alimentación escolar. Este trabajo puede servir de punto de partida para futuras investigaciones en el área de la transparencia pública, gobierno abierto, monitoreo y evaluación en políticas públicas concretas, el cual es un tema de escasos antecedentes en la región.
Los aportes de este trabajo al conocimiento y al campo de las políticas públicas y gobernanza se fundamentan en su valor de incorporar un enfoque metodológico e innovador desde el AIP y contribuir positivamente a las dos grandes esferas siguientes: derechos humanos y fortalecimiento de la ciudadanía en la que el AIP se define como un derecho instrumental19) el cual es un prerrequisito para ejercer otros derechos como la salud y la alimentación. Desde la esfera de la gestión pública ayuda a monitorear la implementación de la política desde un enfoque participativo, transparente y en la búsqueda de mejores resultados en los que se incluye la rendición de cuentas por parte de los gobiernos.
Se concluye que, si bien se encontró y se accedió a cierta información relacionada a la política de comedores escolares a través de los sitios web gubernamentales, no se vio reflejada una política de transparencia activa. Se requiere con apremio que las autoridades gubernamentales de Argentina y de las 24 jurisdicciones revisen la aplicación de los mecanismos de AIP a las políticas sociales y nutricionales en consonancia con la normativa vigente.
Por lo anterior, se necesita de manera urgente aplicar criterios de transparencia a las políticas de comedores escolares. Los gobiernos a nivel nacional y subnacional deben demostrar un mayor compromiso para garantizar el derecho al acceso a la información pública en las políticas alimentarias y nutricionales y consolidar los entornos virtuales como principal herramienta para aproximar el Estado a la ciudadanía.
