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Introducción
La Universidad peruana tiene una rica historia forjada en su proceso de desarrollo que, pese a su confinamiento en los tiempos coloniales y su postergación a lo largo de la República, logró posicionarse en el escenario nacional (Viteri Moya, et al., 2021), por el esfuerzo y la lucha de sus miembros. La constatación actual de la parálisis en nuestras universidades motivó a nuestro equipo a investigar las causas y la nueva coyuntura universitaria, considerando que la celebración del X Congreso de Gobernanza Universitaria en el mes de noviembre del 2020 era la oportunidad para presentar este trabajo, como un aporte a la evaluación de la problemática de la educación Universitaria latinoamericana. Para este fin, se trazó el objetivo de analizar el desarrollo del proceso de Licenciamiento, toda vez que la información inicial de campo apuntaba en esa dirección, identificando sus efectos en el gobierno, la administración y la actividad académica de las universidades.
Se parte del diagnóstico que la Universidad peruana fue por siglos elitista. Aranzamendi (2008), nos confirma que “somos herederos de la educación colonial, caracterizada por ser elemental y marginal’’. Por ello el estudio ubica a la Reforma Universitaria, impulsada por el movimiento universitario desde la Tercera década del siglo XX, como el inicio del cambio en la Universidad. Siendo las que permitieron incorporar la ciencia, las libertades, y la Autonomía universitaria en el autogobierno, administración de su presupuesto y regulación de su actividad académica. Tras ello, se presentaron las acciones contra reformistas promovidas por los gobiernos para contrarrestar los avances en la reforma universitaria, incluyendo organismos corporativos que creó para este fin. Se presenta el incremento del proceso contra reformista, como antecedentes de la ley 30220, norma que consolida el proceso de la Contra Reforma iniciada décadas atrás que, tras el análisis de este dispositivo, se demuestra que el objetivo no era la búsqueda de la calidad, sino el sometimiento de la universidad.
El estudio se centra en el análisis del proceso de Licenciamiento, el comportamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú (SUNEDU), por medio de un diseño exploratorio de diversas fuentes escritas y electrónicas, a su vez mediante una revisión sistemática de recopilaciones y repositorios durante el proceso de recolección. Con ello se estudia el procedimiento seguido y el por qué aparecen licenciadas unas universidades y otras no, presentando información de la imparcialidad e intereses, lejanos a la calidad que supuestamente busca la ley. Igualmente, se analiza la expedición de reglamentos punitivos en el marco de este proceso, creando un ambiente de incertidumbre e intervencionismo en el gobierno universitario, en abierta contradicción con el mandato constitucional como se señala en el artículo 93 ( Perú. Congreso Constituyente Democrático, 1993). Asimismo, en el trabajo se evalúa la composición de la SUNEDU, la procedencia de sus integrantes y cómo son convocados para responder a los objetivos políticos del Ejecutivo.
El estudio concluye que el Licenciamiento de la Universidad peruana no estuvo dirigido a buscar la calidad universitaria, sino a imponer un control político, para lo cual se direcciona e impone el proceso, arrinconando a la comunidad universitaria con la expectativa de alcanzar la Licencia.
La Universidad peruana nace en el período colonial y desde su fundación y durante toda esta etapa dependió y respondió a la administración virreinal. Fue elitista, clerical y ajena a la ciencia y la tecnología, pese a que la Universidad Mayor de San Marcos, creada por Real Cedula, fue creada y patrocina por la Universidad de Salamanca, que destacaba por su posicionamiento en el mundo científico de la época. La instauración de la República no cambió el nivel de la universidad, continuando al margen del desarrollo de la sociedad peruana, de ahí que después de la Colonia, “permaneció inerte, perdiendo la oportunidad de su transformación’’ (Velásquez, 2016), cuya característica se mantuvo hasta después de 1918, cuando la Reforma Universitaria de Córdova promovió cambios estructurales. La incorporación de la ciencia, la libertad de cátedra, su democratización y la autonomía universitaria, cambiaron su rumbo.
El nuevo escenario político social de la III y IV década del siglo XX, aceleran las condiciones para la consolidación de las luchas estudiantiles, y la implementación de la Reforma Universitaria. Los gobiernos se sintieron obligados a incorporar cambios fundamentales en la marcha de la universidad peruana, logrando incorporarse en la agenda nacional, con sus dirigencias y personalidades, que destacan en la conducción política del Perú. La autonomía universitaria, la apertura de la universidad a los sectores populares, la formación de cuadros académicos, científicos, políticos y su rol en la construcción de la república; generó respuestas contrarias en el Estado, los grupos de poder y los sectores conservadores. Paralelamente y a los pocos años de las luchas estudiantiles que imponen la Reforma Universitaria, los gobiernos montaron la Contrarreforma universitaria para frenar el avance de estas Casas de Estudios Superiores.
La contrarreforma es un largo proceso para impedir el avance democrático de la universidad, a través de políticas del Estado como el recorte presupuestal denunciado reiteradamente en comunicados, movilizaciones, marchas y otras formas de lucha. González & Galdo (1980), explican algunas medidas contrarreformistas: el cierre de la Universidad de San Marcos y la deportación de su Rector Antonio Encinas en 1932, la imposición del Estatuto Universitario con carácter de ley, norma autoritaria promulgada para limitar la autonomía y reprimir la protesta, la imposición de Organismos de Control Político el desconocimiento de sus dirigencias, generan un permanente enfrentamiento entre el Gobierno y la Universidad. En el año 1941 se expide una ley que anula el cogobierno universitario. La lucha estudiantil que se agudiza en la década del 60 reafirma la Reforma Universitaria y se logran importantes conquistas. Pese a ello, en 1969 se expide la ley N° 17437, que pese a que reconoce la autonomía universitaria impuso el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), organismo intervencionista en la Universidad (Perú. Congreso de la República, 1969). En 1972, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), celebra en Trujillo el Congreso de Reconstrucción de la FEP, retomando su Pliego para profundizar la Reforma Universitaria.
La recuperación de la Democracia con la Constitución de 1979 fue un triunfo histórico para la Universidad, porque la Carta Magna reconoce la autonomía universitaria, cobertura que formalizó las libertades, la apertura académica, de investigación, proyección social, el derecho de tacha y la participación política en la vida nacional. Los siguientes gobiernos desarrollan campañas de desprestigio a la universidad, aparte de asfixiarlas presupuestariamente, obligándolas a buscar recursos propios, desviando su misión esencial en la formación de profesionales críticos, de calidad y la investigación universitaria. Es así que los intentos contra reformistas se aceleran, que durante El Oncenio de la dictadura del presidente Alberto Fujimori, liquida la organización estudiantil, acusándola de proterrorista, la cual no pudo recuperarse, por lo que, en esas condiciones de debilidad, el Gobierno Nacionalista de Ollanta Humala impuesta por la Ley Contra reformista 30220.
La ley universitaria 30220, fue parte de la plataforma política del Partido Nacionalista. Previo a su promulgación se promovió una sostenida y costosa campaña para desacreditar a la universidad peruana, en donde se le cuestiona de no figurar en los rankings mundiales de investigación, pese a que el Estado nunca le asignó presupuesto. Se difama a los Rectores, se acusa de subversiva a la débil oposición estudiantil, se tilda de apristas a sus dirigentes. Grandes avisos y titulares en los medios de comunicación mellaban la imagen de las casas de estudios. En el año 2013 el Acuerdo Nacional determinó que se incremente el Presupuesto para Educación, que había sido aprobado por el congreso, pero el Ministerio de Educación (MINEDU) derrochó muchos cientos de millones en publicidad para promover la ley Universitaria. Proyecto de Ley que nunca quiso discutirse con los actores universitarios. La maquinaria contra reformista fue arremetió y anuló toda propuesta que se le opuso. González (2013), concluyó al respecto que la ley universitaria que se cocina tiene un loable propósito, sin embargo, ofrece una solución tan brutal como la suma de todos sus problemas.
Desarrollo
Velásquez (2016), expresa en su evaluación de este proceso que la primera legislatura del 2014 concluía y el gobierno que tenía relativa mayoría en el congreso no obtenía los votos para su aprobación, intento que de igual manera en anteriores ocasiones no lo pudo realizar. Al término de la legislatura con una duración extendida hasta media noche, no fue aprobada por falta de quórum. Siendo informado al día siguiente por los medios de comunicación, la no aprobación de la ley universitaria. Inesperadamente y de manera contradictoria el Congreso aprueba la ley en la mañana siguiente, producto de una convocatoria oculta, en la madrugada, con arreglos según expresaron algunos parlamentarios. La sorpresa se produjo a mediodía, cuando pese a la información que no hubo votación, de pronto los medios anunciaron que se había aprobado la ley nueva ley universitaria por mayoría simple, pese a que según Bielba Calvo, et al. (2015), siendo una ley orgánica requería de mayoría calificada para ser aprobada. El 10 de julio del 2014, el presidente Ollanta Humala promulgó la ley 30220, celebrada por sus autores como el fin de la Autonomía universitaria, camuflada con el mensaje de inicio de la calidad en la universidad peruana.
Otro proceso consecuente fue la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que por ley estaba integrada por los rectores de las universidades del país. Creándose la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, (SUNEDU), como ente fiscalizador de las universidades, reemplazando a la ANR. Dicho aspecto se torna contradictorio, debido a que la SUNEDU, es un organismo del Estado, que depende directa y orgánicamente del Ministerio de Educación, nombrando así al Superintendente; en tanto la ANR, era un organismo que representaba legalmente a todos los Rectores elegidos democráticamente por cada universidad a partir de su autonomía. La SUNEDU es el mecanismo para interferir la autonomía universitaria. Al respecto Maturrano (2018), considera que “aunque si puede pensarse es que, al margen de la autonomía institucional, básicamente la sustantiva, entendida como el poder que tiene la universidad para determinar sus propios objetivos y programas, se ha ido reduciendo paulatinamente en razón de que el entorno y el propio Estado han incrementado su capacidad para imponer su propia lógica en intereses”. (p. 6)
En el segundo semestre del mismo año se constituye la SUNEDU. El Ministerio de Educación nombra al Superintendente como se señala en el artículo 20 de la Ley Universitaria (Perú. Ministerio de Educación, 2014) y se gesta un concurso público para sus integrantes, con un jurado designado por el mismo sector educación, sin la presencia de los actores universitarios, interpretando así el mandato de esta ley, iniciándose desde nuestro punto de vista el intervencionismo en la universidad peruana. Seguidamente todos los especialistas, funcionarios y trabajadores de la ANR fueron despedidos y los nombrados reubicados. Llevándose a cabo una normatividad intimidatoria, en donde se congelaron los procesos de nombramiento, ascenso, compras y todos los procedimientos que por su autonomía le correspondía a la universidad, provocando el impedimento de sus competencias constitucionales de gobierno, administración y competencias académicas señalado en el artículo 18 de nuestra constitución (Perú. Congreso Constituyente Democrático, 1993). Paralelamente, se intensificó la campaña de desprestigio contra los rectores y demás autoridades universitarias, exigiendo su renuncia.
El 2015, será recordado como el año de la barbarie, del vejamen, la humillación y la vergüenza en la historia de la universidad peruana. El oficialismo elabora y posiciona a los opositores de las autoridades, aquellos que fueron derrotados en las últimas elecciones, los alientan para la toma de locales, asalto a sus oficinas y financian comunicados contra ellas. De esta manera convalidan la interrupción de mandatos, imponen autoridades de facto, manipulan a las asambleas universitarias para destituir a Rectores, como ocurrió en Cuzco, Tacna, Tarapoto, Huaraz, El Santa, Tumbes, entre otros, con la complicidad de algunas autoridades judiciales. Un ejemplo de ello fue el rector y las autoridades de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, que fueron de manera violenta de la oficina del rectorado por personas que tenían la intención de provocar desorden y desequilibrio, provocando graves lesiones físicas a dichas autoridades recolectada sobre la Información de archivos de ASUP.
Al no poder expulsar y destituir a la mayoría de los Rectores, la SUNEDU promulgó una norma que contravenía la ley 30220, señalando plazo hasta el 31 de diciembre del 2015 para la renuncia de todos los rectores y convocar a elecciones para elegir a nuevas autoridades universitarias, en una abierta intervención y avasallamiento a la ley y la Carta Magna. Para Bielba Calvo, et al. (2015), fue un proceso de trasgresión del principio de irretroactividad de la ley.
Muchos rectores, se vieron obligados a acatar dicha lesiva norma para evitar el desgobierno, debido a que, de manera simultánea, se implementó una campaña de arrinconamiento y agresión contra las autoridades. Algunos rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), San Luis Gonzaga de Ica, entre otros, no acataron la norma y antepusieron sus derechos constitucionales, pero aun así fueron destituidos; siendo el caso de UNMSM el caso más resaltante. Diversas organizaciones profesionales y gremiales se pronunciaron sobre la prepotencia. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (2016), manifestó su solidaridad con las universidades peruanas ante el arbitrario uso de la Ley universitaria, reivindica, al tiempo de expresar nuestra solidaridad plena con los rectores legítimamente elegidos por su comunidad, y que hoy están siendo víctimas de atropellos a sus más elementales derechos.
En la etapa de implementación de la ley 30220, se inició del supuesto caos en la universidad sin cambios significativos, disipando sus logros y la riqueza de su creatividad. Varios críticos como Catacora & Mayta (2018), señalaban que “las universidades se han visto obligadas a tomar conciencia de la calidad con la creación de la SUNEDU’’ (p. 5) para sus adeptos no existían fortalezas en la universidad. Siendo soslayados el avance en investigación, proyección, convenios con pares de la comunidad, los niveles de gobierno, organismos y universidades del extranjero. Se interrumpe de la historia y el posicionamiento de la universidad en la formación de valores, líderes, científicos. La presente ley en cuanto a investigación, responsabilidad social, calidad; plantea rutas y procesos a seguir de manera impositiva, sin considerar la naturaleza, la autorregulación, la libertad de sus actores y los procesos naturales que ocurren en su interior, de ahí la colisión en su implementación.
La investigación, según esta ley, es una tarea compulsiva y obligatoria, sin definir su financiamiento, las competencias y alcances de cada universidad, ni su diferencia según los espacios y realidad donde se desarrollan según lo señalado en el Capítulo IV de la Ley universitaria. Por otro lado, la calidad es planteada, de manera que se presenta a la universidad como un ente estático, inerte; sin valorar los niveles y los procesos desarrollados en sus carreras, en postgrado, reconocidos por la comunidad científica, de igual manera se trata a todas las universidades como si fueran el modelo de una escuela y se exigen cambios, deteniendo logros, sin considerar el exitoso proceso de acreditación que muchas universidades habían alcanzado en niveles de excelencia observado en el artículo 1 de la ley universitaria (Perú. Ministerio de Educación, 2014). Lo mismo ocurre con la Responsabilidad Social Universitaria, se parte de una absoluta desinformación, de una universidad aislada, sin considerar que, desde la segunda mitad del siglo XX, trabajó con pares externos, con organizaciones sociales, entidades públicas, programas y convenios sostenidos con empresas del campo y la ciudad.
En cuanto al licenciamiento, se violenta todo criterio valorativo, técnico, organizacional e histórico. En donde se les consideró el mismo nivel a todas las universidades, incluyendo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que fue fundada en 1551 por Real Cédula y Bula Papal, las que siguieron creadas por ley en la Colonia y la República, incluyendo a las privadas empezando por la Pontificia Universidad Católica del Perú y las que siguen, con ley propia, hasta hace menos de tres décadas y que, por lo tanto, tenían Licencia de Autorización definitiva, según la normatividad peruana (Perú. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 2016a).
Otro grupo de universidades privadas tenían autorización provisional, al igual que 16 Universidades Públicas creadas con criterio político por el Congreso de la República, apenas cuatro años antes de la ley 30220 y que la mayoría no tenía local, profesores ni alumnos. SUNEDU a todas las universidades las trató por igual. Determinando que ninguna universidad en el Perú tenía licencia y por lo tanto a todas las sometió al engorroso proceso de licenciamiento, sin tener en claro sus verdaderos alcances.
La Asamblea Nacional de Rectores, ANR según la Ley. N° 23733 (Perú. Congreso de la República, 1983) había reconocido y autorizado al primer grupo de universidades creadas por ley siguiendo el mandato legal, y aquellas que siguieron un estricto proceso de calidad con el aval del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), por lo que la SUNEDU, tenía como meta el Licenciamiento, considerando que con ella se alcanzaba la calidad, pero no empezó por estas últimas universidades, que no tenían autorización o licencia; sino que comenzó con las universidades posicionadas, históricas, en un claro interés mediático y coercitivo hacia sus autoridades; a su vez en el proceso paralizó a algunas universidades, aunque esto estaba en concordancia con su filosofía, pues su fundamento era que ya no tenían licencia de funcionamiento, pero sin embargo seguían expidiendo grados y títulos.
El proceso de licenciamiento empezó con un gran despliegue publicitario, manifestándose en diversos titulares de los medios de comunicación en dictar sentencia de absolución, disolución o finiquitar a las universidades. El gran jurado, el “Tribunal Supremo”, era la SUNEDU, organismo político nombrado y digitado por el Ministerio de Educación. Sus objetivos no eran claros, pese a sus directivas, reglamentos, cartillas, eran tan des contextuadas de la realidad de cada universidad, que pocos comprendían sus alcances. Además, todo se direccionaba desde las oficinas de la Superintendencia. Para Angulo, et al. (2016), no se consideró que “la universidad tiene su propia normatividad, su propia política de aseguramiento de la calidad y sus propios comportamientos que la hacen diferente a las demás organizaciones’’. (p. 181)
Durante los seis años que duró el proceso de licenciamiento de la universidad peruana, se cometieron graves delitos de lesa cultura. Se desconoció a legítimas autoridades, se validó a otras sin el respaldo de la comunidad universitaria, se sancionó con multas a las Casas de Estudio, los criterios de supervisión que promueven el cumplimiento eficaz de la ley 30220 y su normativa conexa. En este agregado de normativa conexa se oculta la agresión que se desata contra las universidades.
El autoritarismo se consolida con la Resolución directiva 084-SUNEDU o Reglamento para registro de sanciones (Perú. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 2016b). En aplicación de estos dispositivos se prohibió la creación de escuelas, facultades; se exigió la destitución de sus rectores, como ocurrió con la Universidad Garcilaso de la Vega, Alas Peruanas, San Martín de Porres, Científica del Perú, etc. SUNEDU condicionó el cierre de Sedes y filiales universitarias al momento de la evaluación, se vio reflejado con las Universidad Nacional de Piura, Trujillo, entre otras; y a gran número de privadas como la César Vallejo, Alas Peruanas, Católica de Chimbote, Norbert Wiener, etc. Incluso actuó a pedido de sus allegados. Mayta-Tristán, et al. (2019), mencionan “en una editorial de Acta Médica peruana se detectó que había 54 escuelas de Medicina. Con esa alerta, SUNEDU detectó que tres escuelas de medicina estaban funcionando sin autorización por lo que fueron cerradas’’ (p. 108). Además de esta revelación que viene de la Universidad Cayetano Heredia, acaso según la SUNEDU, nadie tenía Licenciamiento, ¿por qué las cerraron antes de evaluarlas? Sin embargo, no todas las universidades recibieron el mismo trato.
La SUNEDU, como ente administrativo expide una serie de reglamentos y Directivas para direccionar el gobierno, la administración y la vida académica de la universidad. Reglamentos de sanciones a autoridades y docentes, modalidades de enseñanza; prohibición de la educación virtual según la Resolución 115-2020 (Perú. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 2020). Disposición que al estallar la pandemia, el Ministerio de Educación se vio obligado a retractarse al freno a la educación virtual sobre todo en la universidad pública (Rivero Peña, et al., 2018) señalándose un caso concreto por ejemplo el del Centro Universitario de Educación a Distancia (CUDED) de la Universidad Nacional Federico Villarreal que contaba con un soporte tecnológico importante, inclusive había contratado la licencia de la plataforma Blackboard Collaborate que es una herramienta de Aula Virtual y era un aliado importante para el logro de objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos y que por presión y coacción, la SUNEDU obligó a la universidad a desactivarlo para poder así “conseguir” su licenciamiento. El reglamento de grados y títulos, reglamentos sobre modalidades de enseñanza y las líneas de estudios, investigación, aprobación de escuelas de Postgrado, dejan a la universidad a merced de la frondosa burocracia de esa entidad, cuyos funcionarios, bachilleres o jóvenes egresados, está demostrado que carecen de la competencia para esta función.
El reglamento más intervencionista e ilegal, está referido al Reglamento para los procesos electorales según la Resolución del Consejo Directivo No, 158-2019 (Perú. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 2019) considerado absurdo y avasallador la autonomía de las universidades al determinar cómo se deben realizar las elecciones, imponer frenos y atribuciones a los Comités Electorales Autónomos. El caso ocurrido en enero del 2020 en la Universidad Nacional de Piura, cuando SUNEDU no reconoció a las autoridades elegidas legítimamente, pese a que el proceso fue acompañado y avalado por la ONPE, se prohibió su juramentación, con la amenaza de reconsiderar la licencia otorgada a la universidad, lo que demuestra el manejo político del proceso de licenciamiento. A estas alturas del mes de junio del 2021, SUNEDU siguen sin reconocer los resultados electorales, lo cual es un absurdo, aunque ellos justifican que no definen sobre las nuevas autoridades, solo que no registrarán sus formas hasta que se hagan nuevas elecciones. La universidad, con autoridades encargadas o provisionales, se está sumiendo en el caos.
Durante todo el proceso de licenciamiento la administración universitaria estuvo a la orden de los licenciadores. En donde prevalecía el orden de la burocracia, aniquilando toda iniciativa de los actores universitarios. No solamente se violentó la autonomía universitaria, sino principios elementales de administración y autorregulación. Para Bernal, et al. (2015), “el nivel más alto e importante de toda institución respecto a su calidad es el mejoramiento mutuo propio. Este nivel suele ser posible solo en aquellos sistemas más desarrollados’’. Esta característica impositiva y abrupta de implementación del proceso de licenciamiento desnuda su esencia, que no necesariamente busca la calidad, sino otros intereses ajenos a la dignidad de la universidad peruana.
Durante las etapas finales del proceso de licenciamiento, algunas universidades no licenciadas solicitaron reconsideración como la Universidad Telesup, la Universidad Privada de Chiclayo, entre otras, siendo negada sus solicitudes, otras lanzaron comunicados de protesta, producto de ello son algunas movilizaciones de los estudiantes perjudicados, como las Universidad Alas Peruanas, Universidad Privada de Chiclayo, la Universidad San Pedro de Chimbote, la Universidad Inca Garcilaso, que hasta ahora sus estudiantes siguen movilizándose, habiendo logrado en el mes de abril que la Comisión de Educación del Congreso de la República apruebe un dictamen protegiendo sus derechos, aunque los 200 mil alumnos de las universidades no licenciadas siguen desamparados. El Ministro de Educación Martín Benavides, anterior Superintendente de la SUNEDU fue interpelado por los escándalos de licenciamiento de algunas universidades como la UTP, UPAL, entre otras. Al término del proceso, fueron licenciadas 46 universidades públicas y 46 universidades privadas. Según fuentes de SUNEDU, no fueron licenciadas 45 universidades privadas y dos públicas. Una universidad pública quedó pendiente de licenciamiento. En los siguientes párrafos se analiza la información que apuntala el objetivo de la investigación.
En la tabla 1 se muestra las 18 universidades públicas, creadas con criterio político en la última década. Actualmente tienen una comisión de gobierno nombrada por el Ejecutivo. Apenas tres o cuatro de ellas funcionan con escasa plana de docente y estudiantil. Las demás recientemente han contratado docentes, no tienen infraestructura y han convocado sus primeras admisiones estudiantiles. No hacen investigación, la calidad es ajena y la acreditación igual, sin embargo, fueron licenciadas.
Tabla 1 - Universidades públicas creadas con criterio político en la última década.
| No. | Universidades |
| 1 | Universidad Nacional Agraria De La Selva |
| 2 | Universidad Nacional Autónoma De Alto Amazonas |
| 3 | Universidad Nacional Intercultural De La Amazonia |
| 4 | Universidad Nacional De Juliaca |
| 5 | Universidad Nacional De Barranca |
| 6 | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa |
| 7 | Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur |
| 8 | Universidad Nacional Autónoma Altoandina De Tarma |
| 9 | Universidad Nacional Autónoma De Huanta |
| 10 | Universidad Nacional Autónoma De Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” |
| 11 | Universidad Nacional intercultural Fabiola Salazar Leguía De Bagua |
| 12 | Universidad Nacional De Jaén |
| 13 | Universidad Nacional De Cañete |
| 14 | Universidad Nacional Autónoma De Chota |
| 15 | Universidad Nacional De Moquegua |
| 16 | Universidad Nacional De Frontera |
| 17 | Universidad Nacional José María Arguedas |
| 18 | Universidad Nacional Intercultural De Quillabamba |
Diferente destino tuvo dos Universidades Públicas, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, según informe de la SUNEDU, a pesar de su posición privilegiada y larga trayectoria, posicionadas, competitivas y con enorme influencia en sus Regiones. Se recogió información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria en Perú (2016a) que permite resumir cada caso.
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con gran valor histórico, carreras altamente reconocidas en su Región y el país, con estándares promedios de investigación e influencia en la región Ica, una de las más desarrolladas del país. Su condena: es una universidad con presencia del partido comunista peruano, y que tiene enfrentada a dos facciones, a una de las cuales pertenece el Rector.
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Región Lambayeque, con una vasta historia, hermosa y amplia Ciudad Universitaria, con investigación, Responsabilidad Social y con connotados líderes entre sus egresados, igualmente no fue licenciada. Siendo el motivo la disputa entre dos grupos izquierdistas y no haber respondido a los dictados de la SUNEDU.
En cuanto a la Universidad Nacional Ciro Alegría en la Libertad, ha quedado pendiente su licenciamiento, y no se le ha negado, pese a que no tiene ningún alumno, tampoco infraestructura; este sesgo y parcialización es igualmente grave, ya que no se le dio el mismo tratamiento que las dos universidades históricas, priorizando los aspectos políticos. Esto se refleja, cuando comparamos a estas dos universidades públicas con las 18 universidades nacionales creadas con criterio político, que apenas funcionan, que no tienen investigadores, infraestructura y pocas de estas universidades tienen egresados, aunque actualmente debido a las falencias presentada, esta última universidad fue denegada su licencia. Por ello las Universidades San Luis Gonzaga de Ica y Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, largamente cumplen las condiciones básicas de calidad, siendo un contrasentido este trato injusto y discriminatorio que pone en cuestionamiento el proceso de licenciamiento.
En el caso del licenciamiento de las universidades privadas, el problema se apartó largamente del criterio técnico. De los datos que se percibieron a través de los medios, comunicados y la información de campo recibida, se consideró que el proceso se descalificó. En este caso, a diferencia de las universidades públicas, donde existe vida gremial y política, impidió que se agredan a otras como la Universidad de Piura, Cajamarca, etc., aspecto que no sucedió con las universidades privadas. A varias de ellas se pidió que cambien al rector, contratar consultoras allegadas a gente de SUNEDU o con gente de este organismo, entre otras imposiciones, según manifestaciones de algunos actores. Aquéllas que tenían su propia independencia por su tendencia empresarial o política no habrían aceptado tales propuestas, según expresaron algunos voceros de esas universidades. En la tabla 2 se evidencia las universidades privadas no licenciadas, siendo producto del trabajo de campo y la información obtenida de los actores de las universidades afectadas.
Tabla 2 - Lista de universidades privadas no licenciadas.
| Universidades Privadas | Motivo |
|---|---|
| Universidad Inca Garcilaso De La Vega | Su Rector fue considerado un reconocido cuadro aprista. |
| Universidad Leonardo Da Vince | Su propietario tiene una trayectoria izquierdista y fue un parlamentario opositor |
| Universidad De Lambayeque | Su dueño y promotor fue parlamentario opositor y hoy postula a la Presidencia de la Republica |
| Universidad Privada De Trujillo | Sus dueños fueron empresarios, que tenían relación directa con personalidades importantes del Gobierno |
| Universidad Privada Telesup | Su dueño y promotor es fundador del Partido Posemos, con una clara línea de oposición |
| Universidad Jose Carlos Mariategui De Moquegua. | Algunos de sus miembros e impulsores son conocidos líderes de esta Región |
| Universidad Peruana De Las A méricas | Su propietaria e independiente y su Rector es una personalidad con voz propia, ajeno al oficialismo |
| Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | Su Rector fue un político del opositor Partido Fuerza Popular, y fue Alcalde de Cajamarca por este grupo |
| Universidad Peruana Alas Peruanas | Su promotor y Rector fue patrocinador de Fuerza Popular |
| Universidad Científica Del Perú | Su Rector fue Diputado del APRA y ganó un juicio por el nombre a un conocido empresario cercano al poder de turno |
| Universidad Peruana De San Pedro | Su Rector graduado en Rusia, fue un fuerte opositor al SUNEDU, tuvo sonados procesos judiciales y fuerte oposición. |
| Universidad Privada De Chiclayo | Su Rector fue de Fuerza Popular. Postuló a la Región Lambayeque por ese Partido y reconocido por su discurso anti SUNEDU |
| Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | Su exrector fue Presidente de la Región Puno, de las filas de Alianza para el Progreso |
| Otras que también tuvieron algún conflicto con la SUNEDU, no aparecen porque no se tuvo información o por razones cercanas a sus promotores, que aún guardan esperanza en algunos cambios en el tratamiento de su problema |
En el licenciamiento de estas universidades hubo sesgos e incongruencias, demostrando que no hubo una aplicación de procedimientos con imparcialidad y criterios técnicos. Esto se evidencia mayormente cuando se compara con otras universidades que recibieron un trato preferencial. Varias de las universidades privadas licenciadas, reúnen menos “condiciones básicas de calidad’’, que estas trece que aparecen en la tabla 2. Esta parcialización se hizo evidente con el licenciamiento de las Universidades UPC y la UPLA, cercanas al oficialismo y a los grupos empresariales, que, sin tener siquiera infraestructura, investigadores profesores recibieron la aprobación de la SUNEDU. Incluso se licenció a 5 filiales de la UPC, en construcción y sin alumnos, pese a que por esa misma razón se negó a otras con mayores logros y desarrollo (Arteaga-Livias, et al., 2020). El escándalo motivó una investigación en el Congreso de la República, que nombró una Comisión investigadora que fue fuente de noticias a fines del 2019 y los primeros meses del 2020, pero los sucesos de la pandemia los silenciaron.
En el Informe preliminar de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de la Republica con facultades de Comisión Investigadora sobre el proceso de Licenciamiento de las universidades UTP y UPAL señala entre sus conclusiones que han existido indicios de irregularidades en el proceso de licenciamiento de la UTP y sus filiales en provincias, y la UPAL en el Informe Preliminar, moción Nº11359 especificando que aún faltaba realizar la verificación física en las respectivas sedes de las universidades y que por estar en pleno proceso de emergencia sanitaria ello conllevaba a un impedimento de sus funciones investigadoras de la Comisión. De ello podemos hacer mención de las condiciones básicas que se manifestaban en los criterios de SUNEDU para el licenciamiento (tabla 3)
Tabla 3 - Condiciones básicas de calidad - CBC.
| Condiciones Básicas |
|---|
| Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes |
| Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento |
| Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros) |
| Líneas de investigación a ser desarrolladas |
| Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo |
| Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). |
| Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de Trabajo u otros |
| CBC complementaria: Transparencia de universidades |
Bajo estas condiciones y criterios que se manifiestan en el proceso de licenciamiento tanto la UTP y UPAL siendo universidades privadas, no se llevó a cabo de manera transparente el proceso de licenciamiento dejando varias irregularidades, tanto en infraestructura, criterio de del proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación, y oferta educativa en sus filiales.
La ley 30220 crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, como un organismo dependiente del Ministerio de Educación. La ley le da atribuciones específicas para supervisar el funcionamiento de las universidades en el marco de su autonomía constitucional, al igual que los organismos similares creados por ley. El desempeñó y su rol en sus seis años de funcionamiento, han demostrado que ha ido más allá de sus atribuciones, funciones, al haber trasgredido y hasta suplantado las atribuciones de la universidad peruana, claramente definidos en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú. En el punto anterior se ha demostrado que ha intervenido y violentado sus funciones constitucionales de gobierno, administración y su régimen académico. Por otro lado, entre los docentes de universidades públicas al inicio de la vigencia de la Ley universitaria 30220, también se observaba que el nivel de conocimiento de los docentes universitarios en cuanto a la aplicación y ejecución de la normativa universitaria se presenta difusa y ambigua (Gallegos, 2017).
Para cumplir tal fin, el Poder Ejecutivo se ha asegurado el nombramiento de sus miembros, procurando captar profesionales afines a sus lineamientos políticos. El mecanismo para designarlos asegura su compromiso político. En primer lugar, el ministro nombra según su criterio al Superintendente, quien preside a la SUNEDU. Luego se integra como segundo miembro al presidente del Concytec que también es nombrado por el Ministro de Educación. Para incorporar a los otros tres miembros. Se realiza un concurso público con un jurado nombrado por el Ministerio de Educación con requisitos direccionados según observado en la Resolución Ministerial 234-2019. Uno de los casos más escandalosos es la Resolución publicada el 20 de mayo del 2019, para conformar la comisión de selección para un miembro del consejo directivo de SUNEDU, integrado por:
El primero de los nombrados es el Vocero Político del Partido Morado, bancada del poder Ejecutivo que hoy es el Presidente transitorio del Perú. La segunda vinculada estrechamente al poder Ejecutivo y el tercero, corresponde al vicerrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuyo rector es el asesor presidencial y padre de la Ministra de Economía. Este procedimiento se repite y de manera silenciosa aparecen las convocatorias para una institución que debe ser técnica, sus miembros profesionales intachables y con las más altas calificaciones, además de su probada solvencia e independencia. Un hecho singular que abona a nuestra hipóstasis ocurrió en el 2017, cuando fue Ministro de Educación el reconocido Educador Idel Vexler, que no era del Partido de Gobierno, por lo que nombró como presidenta de la SUNEDU a la reconocida docente universitaria Flor Luna Victoria. Ella, ante las irregularidades que encontró, ordenó auditorías e investigaciones, que generaron el aplauso de la comunidad universitaria, pero hicieron estallar al núcleo oculto del poder, que movió sus tentáculos, la incriminaron y le inventaron una falta provocando que la cesaran a las tres semanas, porque incomodaba a la red enquistada en la SUNEDU. Los documentos de sus denuncias están en los archivos de la Comisión de Educación del congreso de la República.
A más de seis años de promulgación de la ley 30220, la universidad peruana sufrió un retroceso (Benites, 2020). Durante los tres primeros años, las acciones intervencionistas detalladas, paralizaron a la universidad. El caos, el temor, la incertidumbre y la ingobernabilidad crearon un clima de zozobra. Toda acción estaba ligada a preparar la documentación, aunque sea prestada para el licenciamiento, estuvo prohibida otra actividad que no sea este requerimiento. Los tres siguientes años, cuando los licenciadores recorrían las universidades, cual emperadores romanos a levantar o bajar el dedo a las universidades, la situación empeoró y el clima de incertidumbre y enfrentamiento entre casas de estudios, fue vergonzoso.
Según nuestra observación de campo y las denuncias llegadas si una universidad tenía la aprobación y era licenciada primero, se lanzaba a promocionar su licenciamiento y a arrebatar alumno de la universidad que aún no era licenciada, corriendo el rumor que no lo sería, dejándola sin alumnos para su examen de admisión. Esta depredación, creó muchos conflictos y problemas financieros, con la pasividad y de repente beneplácito del oficialismo, porque las universidades promocionaban y arrebataban alumnos “de la competencia’’, poniendo en su llamativa propaganda “licenciada por SUNEDU”.
El problema puede ser más grave si se tiene en cuenta que la SUNEDU, prácticamente ha otorgado una licencia temporal, ya que sólo ha sido por algunos años, cumplido dicho período volverá las universidades a someterse a otro proceso de licenciamiento, lo cual es incongruente. Para Gallegos (2017), como en ninguna parte del mundo, en el Perú el licenciamiento es universal, periódico y demanda millones de presupuesto para su implementación. Es universal porque todas las universidades, estatales o privadas, las que tenía autorización provisional como las que tenían autorización definitiva, tienen que volver a tener nueva licencia. El problema es más grave si se tiene en cuenta que sin ningún criterio técnico se ha dado licencia de seis, ocho o diez años, en forma discriminatoria, de acuerdo a sus preferencias. Esto significa que a una universidad que hace tres años como a la Universidad San Martín de Porres le dieron licencia por seis años, el próximo año comenzará a atender este proceso, con el atenuante que esta universidad recibió sanciones posteriores, con las graves consecuencias para su desarrollo como institución superior.
Lo contradictorio de este tedioso y arbitrario proceso, es la postergación de la acreditación, procedimiento obligatorio para acreditar las competencias y la calidad de la universidad y que antes de la ley 30220 era muy fluido y con gran aceptación en las universidades, se volvió lento o cundió el desinterés, lo que es muy perjudicial, debido a que la competencia y la calidad de las universidades en el mundo se miden por la acreditación. El estado peruano, ha puesto a nuestras universidades en una gran desventaja en el mundo académico y que las deslegitimiza para acceder a convenios y apoyo externo, nacional e internacional. La acreditación, aparte de ser voluntaria, debe contar con todo el apoyo del Estado, incluso para lograr respaldo. Las libertades, condición fundamental para el desarrollo de la universidad van dejando de ser la fortaleza de la universidad peruana, realidad que debe revertirse sino queremos perder ubicación en el competitivo mundo académico, aparte que se perdería la autonomía universitaria, retrocediendo muchas décadas en la historia. Es el más urgente desafío de los actores universitarios peruanos.
Conclusiones
El licenciamiento de la Universidad peruana no estuvo dirigido a buscar la calidad de la educación universitaria como aparece en la ley 30220, meta engañosa que también se posiciona como el mensaje central a la opinión nacional, por parte de los Sectores Oficiales del Estado; porque este proceso fue impositivo y direccionado con un objetivo político.
Durante el proceso de licenciamiento se imponen reglamentos punitivos para cerrar universidades, anular escuelas académicas o programas de pre y posgrado y sancionar a las autoridades universitarias en el marco de un ambiente de amedrentamiento, creando un clima interno de enfrentamiento, especialmente en las universidades públicas donde existen grupos o corrientes encontradas.
El licenciamiento fue parcializado y muy sesgado, al negarle la licencia a muchas universidades que la merecían y estaban en mejores condiciones básicas de calidad que otras que no reunían los requisitos mínimos exigidos por las propias normas de la SUNEDU y que sin embargo fueron licenciadas, incluso por más años que otras con mayores méritos.
La SUNEDU se convierte en la herramienta del Poder Ejecutivo para perpetrar ese atropello y en general el vejamen a las libertades y la autonomía universitaria, para lo cual se aseguró la designación y copamiento de sus miembros integrantes, con los perfiles que garanticen la ejecución de sus intereses.
El licenciamiento como parte de la ley universitaria es la consolidación de una política contra reformista para impedir el avance de las libertades y la autonomía universitaria que habían permitido un posicionamiento de las Casas de Estudios en el ámbito nacional, a pesar de las carencias y la restricción presupuestal, para impedir que la universidad cumpla su misión histórica en el liderazgo de la ciencia y la tecnología, formación líderes y profesionales comprometidos, meta que colisiona con los planes del poder.
Los actores universitarios, tienen el reto histórico de revertir esta tendencia; respondiendo a la dignidad de la universidad peruana, toda vez que la recuperación de las libertades y la autonomía universitaria es la condición para retomar la senda de la calidad, la investigación y la formación de profesionales críticos que requiere el país en su perspectiva de alcanzar el desarrollo y la modernidad. En esa dirección, el presente estudio despierta el interés por retomar el debate sobre los grandes problemas universitarios: la autonomía universitaria, la deuda social de la universidad con el país, la investigación y el desarrollo nacional, si la responsabilidad social universitaria es el camino o el eje de la universidad. La calidad, el post grado como supervivencia o como producción de conocimientos. Los pares externos, el rol de la universidad, la ciencia, la tecnología y la sabiduría de los pueblos originarios, entre otros temas.
