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Introducción
La actividad minera ha sido cuestionada social, política y académicamente por los impactos y efectos que provoca, sobre todo, alrededor de las comunidades y en los ecosistemas donde se instala. En México, los múltiples conflictos que surgen a partir del desarrollo de estos proyectos ponen en entredicho los supuestos beneficios que generan estas actividades; asimismo, al realizar un análisis de estos se observa cómo es que las empresas llevan a cabo múltiples actos y discursos que pueden originar discordia local.
El objetivo de este trabajo es analizar el caso de la Mina Esperanza, ubicada en Tetlama, Morelos, México, específicamente sobre la dimensión del conflicto surgido a partir de la instalación de este proyecto en el año 2006 y hasta la actualidad, esto se realiza partiendo del estudio del conflicto socioambiental; asimismo, se propone un análisis metodológico que permite categorizar e identificar por medio de varios pasos el tipo de conflicto y la disposición que los involucrados tienen para resolver el mismo.
Ante las múltiples dimensiones sobre las que opera un enfrentamiento de este tipo, la pregunta que orienta esta investigación es la siguiente, ¿Cuáles son los incentivos y elementos que han trabado este conflicto y de dónde provienen?
Esta investigación supone que la situación de enfrentamiento desde hace 18 años y sin resolución en el corto plazo en Tetlama, Morelos derivado del proyecto Mina Esperanza se debe a que el conflicto existente es en sí mismo un mecanismo que permite la operación de la mina al imposibilitar la creación de marcos de trabajo y entendimiento entre todos los actores.
La metodología utilizada es original y se plantea específicamente para este caso en particular, aunque parte de la propuesta realizada por Maya (2009), en sus observaciones sobre transición en los conflictos socioambientales. El método de este trabajo propone una sistematización y categorización de los elementos que identifican este enfrentamiento. Es así que la principal aportación realizada en este artículo es la metodología propuesta, además del mapeo de actores y la categorización establecida sobre los elementos y aspectos que han permitido que este conflicto se mantenga por casi dos décadas.
Los resultados obtenidos nos permiten señalar que la empresa y otros actores con influencia económica y política se han beneficiado por mantener esta situación de enfrentamiento, a pesar de que existen fundamentos regulatorios para detener las actividades extractivas. En este sentido, hay grupos de pobladores que ven en este proyecto una forma para mejorar sus condiciones económicas y sociales.
Este trabajo cuenta con tres apartados además de la introducción. En el primero se presenta la identificación de las características metodológicas y conceptuales empleadas para realizar esta investigación. En el segundo se analiza la historia del proyecto Mina Esperanza, así como la forma en que se dio el conflicto socioambiental. En el tercero se muestran los resultados por medio de la categorización de seis pasos que se siguió con las entrevistas de acuerdo con la metodología. Finalmente, se presentan las conclusiones.
Materiales y métodos
La metodología que guía esta investigación fue el estudio de caso, por lo que sirvió para abarcar la mayor parte del amplio panorama de factores que colaboran en el proceso de construcción del conocimiento sobre el conflicto socioambiental del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos, por lo que se encontraron diversas determinantes sociales, económicas, culturales, simbólicas, legales y ambientales que contribuyeron al diagnóstico de esta investigación.
La estrategia inicial se centró en la recolección y revisión de artículos académicos, libros, documentos oficiales, así como de artículos de divulgación (revisión hemerográfica). Asimismo, se recopiló información de documentos estadísticos oficiales del estado y la región donde se sitúa el proyecto minero para crear mapas y tablas explicativas. Resaltan dos fuentes de información que tienen un aporte sustancial para esta investigación: el primero es el que hacen los medios de comunicación para generar información, que aun cuando suele ser influenciada según la postura del medio que la distribuye, esta puede ser utilizada para contextualizar el caso de estudio; la segunda y no menos importante es el trabajo de campo, durante este proceso se recurrió a las siguientes herramientas: entrevistas semiestructuradas y cuestionarios aplicados a los actores que están ligados al conflicto, en total se tuvo contacto con 18 personas.
Finalmente, la información recabada sirvió para realizar el diagnóstico actual que presenta el conflicto socioambiental en torno al proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos, mismo que se realizó siguiendo la metodología propuesta por Maya (2009), en el que plantea un “inventario de perspectivas, interpretaciones y opiniones de los involucrados” (p. 32). Por lo que, la propuesta para el estudio de caso consistió en seguir los siguientes seis pasos:
Paso 1. Definir el tipo de conflicto.
Paso 2. Especificar el contenido del conflicto.
Paso 3. Identificar los involucrados en el conflicto, su relación y alianzas existentes.
Paso 4. Identificar las fases en la que se encuentra el conflicto: latente o de tensión, escalada, crisis abierta o pública mediante el análisis del conflicto social en sus dimensiones de comunicación, percepción, actitudes, cooperación y sentimientos.
Paso 5. Historia del conflicto, antecedentes que lo originan.
Paso 6. Disposición de los involucrados para manejar el conflicto.
Ahora bien, para poder utilizar la metodología anterior y llenar los espacios vacíos de información que cada paso debe contener debido a las condiciones propias que muestra este caso de estudio en particular, se planteó una entrevista semiestructura, cuya finalidad fue recuperar la información pertinente que ayudara al diagnóstico.
En cuanto a la sistematización de la información de trabajo de campo el proceso fue el siguiente: terminando cada entrevista y/o encuesta se recopiló y analizó la información obtenida de forma inductiva que parte de las observaciones y percepciones que tienen los actores involucrados, pues la finalidad fue identificar factores que establecían la situación de conflictividad y cómo estos se relacionaban con las condiciones presentes en la comunidad para su diagnóstico.
Durante la codificación de la información se encontraron las siguientes variables a las que se les asignó un valor numérico para ayudar a identificarlas con mayor facilidad:
Conflicto.
Intereses contenidos.
Relaciones, alianzas y actores involucrados.
Historia.
Manejo del conflicto.
Por otro lado, durante el desarrollo de un conflicto se integran una diversidad de factores que finalmente acumulan modificaciones, provocando riesgos y daños a las comunidades y entornos naturales, por lo cual, son motivo de alerta para las poblaciones, a estas variables Maya (2009), las identifica e interrelaciona como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1 - Factores que influyen en la modificación de las relaciones sociedad-naturaleza que contribuyen a la conflictividad.
| Tipo de variable | Características e interrelaciones |
|---|---|
| Del tipo biológico y ecosistémicos | Se refiere a las características del recurso en conflicto, la relación con otros recursos, las dinámicas de cada una de las poblaciones animales y vegetales inmersas dentro de los procesos biológicos, etc. |
| Del tipo social | Entre ellos encontramos a los usuarios del recurso, es decir, de los beneficiarios directos e indirectos de la existencia de éste, las relaciones culturales evolutivas de estos grupos de usuarios con dicho recurso, etc. |
| Del tipo económico | Conjuga los beneficios económicos de usar directamente el recurso, o el espacio ecológico en el cual se fundamenta la existencia de éste, las actividades de tipo económico que se desarrollan dentro de éste o que pueden promoverse por el uso de éste, los incentivos al uso o a la conservación, la dependencia económica diferenciada entre grupos de usuarios, etc. |
| Del tipo jurídico y normativo | Son las regulaciones de uso y extracción, la propiedad privada, la propiedad colectiva, la no propiedad, marcos normativos acerca de cantidades y calidades, además, la falta de estas para la protección de la naturaleza y la población, etc. |
El propósito de la tabla 1 es mostrar que estos factores condicionan y en algunos casos determinan la existencia de relaciones socioambientales, además de que avanzan y pronto se hacen más complejas y, más aún, engendran una gran cantidad de nuevas articulaciones que intervienen en la construcción de las formas de vida respetuosas con la naturaleza, pero al mismo tiempo crean otras para afectarlas.
Como no hay una sola forma de luchar contra los conflictos derivados de proyectos mineros y cada eventualidad tendrá su propia forma de actuar, sus propios intereses y sus posturas en contra o a favor, es por ello por lo que documentar y analizar un conflicto contribuye a las estrategias de manejo que modifican la situación conflictiva ya que no son hechos aislados o pasajeros (Paz, 2012), sino que pueden surgir y estar presentes en muchos lugares del país.
Por ende, destaca al conflicto socioambiental como un proceso para comprender y entender las articulaciones de defensa del territorio, el cual, tiene la capacidad para englobar una gran cantidad de conocimientos y factores que intervienen en la construcción de frentes que diseminan la información, estableciendo relaciones e identidades grupales con intereses y objetivos comunes como respuesta a los proyectos extractivos mineros que se asocian con los daños a los entornos ambiental y social.
En este marco de ideas se estudian los conflictos socioambientales que forman parte de las modificaciones ya hechas o que se pretenden realizar a los territorios invadidos y despojados, en este caso a los municipios de Morelos que serían afectados directamente con el proyecto minero que intenta instalar la empresa canadiense Alamos Gold Inc., cuestión que se aborda en los siguientes apartados.
Resultados y discusión
El proyecto Mina Esperanza se ubica en el estado de Morelos; este estado colinda con la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Guerrero; se divide en 33 municipios entre los que se encuentra Cuernavaca como su capital. Esta mina de plata se ubica en el cerro El Jumil, perteneciente al núcleo agrario de la comunidad de San Agustín Tetlama. Algunos investigadores han documentado el periodo inicial de extracción de este proyecto minero entre los años de 1940 a 1960 (Santillán, 2019), mientras que otros, como Téllez & Sánchez (2018), lo ubican entre los años de 1950 a 1970, pero al ser de pequeña escala la mina no tuvo mucha relevancia y los registros sobre la actividad de la misma son pocos o relativamente limitados.
Respecto al caso actual que se está analizando se sabe que el desarrollo de este proyecto minero fue a partir de 1994 cuando se obtuvo la primera concesión por 600 hectáreas para la empresa Recursos Cruz del Sur, filial de la estadounidense Y3K Exploration Company LLLC; posteriormente, esta misma compañía obtuvo una segunda concesión (Esperanza II) en 2003, pero en 2004 vendió las concesiones a la empresa canadiense Esperanza Resources Corp., cuya filial Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. fue quien operó el proyecto.
La empresa minera ya trabajaba en la exploración, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013), en México autorizó el cambio de uso de suelo, que hasta entonces era utilizado como terreno forestal; después entre 2005 y 2006 aumentó la zona de exploración autorizada por la misma SEMARNAT. Finalmente, en ese mismo periodo se construyeron 12 kilómetros de nuevos caminos y se realizaron nuevas perforaciones, así como la remoción de áreas vegetales por más de 100 metros cúbicos. Hasta este punto (2006) solo se tenían las concesiones La Esperanza y Esperanza II operadas por la empresa Esperanza Silver de México S.A. de C.V.
La estrategia de la empresa para continuar con el proyecto minero fue obtener la licencia social del pueblo de San Agustín Tetlama. Aquí vale la pena mencionar que en este lugar 61% de su población está entre las más pobres y marginadas (México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2019); por ello, con el supuesto de que la empresa podría ayudar a la población, se establecieron contratos de ocupación de tierras, especialmente con ejidatarios y comuneros, además de ofrecer dinero, empleo, despensas a la comunidad y servicios de salud (Cárdenas, 2020). Esto posibilitó que la empresa haya sido respaldada en el lugar por varios comuneros que fueron beneficiados, aunque también existió rechazo de algunos sectores de la población, lo que generó una situación de tensión tanto con la empresa, el gobierno y el resto de los mismos habitantes en el lugar.
Este conflicto se detectó a principios de este siglo, ya que de acuerdo con una entrevista que se realizó en la comunidad de San Agustín Tetlama, se hizo más evidente en febrero de 2006, cuando se le dio a conocer a la población la instalación de una mina, por lo que un pequeño sector de la comunidad se resistió al proyecto extractivo (aun cuando anteriormente hubieran trabajado para la compañía minera), por lo que abandonaron sus empleos, retirando el apoyo a la empresa (entrevista personal, 2020). A pesar de ello, esta situación interna no tuvo gran relevancia, tampoco generó la fuerza suficiente para evitar que siguieran los trabajos de la empresa, pero sí sentó algunas de las bases para el proceso de lucha y resistencia que continuaría hasta la actualidad.
Posteriormente, en 2009, la empresa comenzó a buscar apoyo de otras comunidades para legitimar su proyecto, situación que la llevó a comunicarse con los representantes del municipio de Miacatlán; sin embargo, en estas comunidades ya se había planteado, informado y rechazado la posibilidad de respaldar a la empresa por parte de algunos pobladores, provocando conflictos entre las comunidades, pues algunos sectores a favor de la mina estaban inconformes con la falta de apoyo. Esta circunstancia motivó a los habitantes en contra del proyecto a organizarse y hacer un frente común, pues se dieron cuenta de que, en caso de no actuar rápido, la compañía podría convencer a las personas fácilmente, ya que la respaldaba su capacidad monetaria.
Mientras en la comunidad de San Agustín Tetlama, en forma de protesta y como medio de comunicación, se pintaban las bardas de las casas con mensajes apoyando o posicionándose en contra del proyecto minero.
Sin importar la resistencia mostrada hasta ese momento, la empresa fue incorporando otras concesiones, incrementando el territorio para prospección hasta llegar a 15,025 hectáreas. De la misma manera, continuaron con los trabajos de construcción de caminos; se obtuvieron resultados favorables en la exploración que hacían factible el proyecto y, consiguieron el apoyo, aunque no absoluto, pero sí sólido de la comunidad de San Agustín Tetlama. Todos estos factores a favor de la empresa propiciaron que, para el 22 de noviembre 2012, esta presentara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) (México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013; Tamayo, 2014).
Como resultado de la publicación de la MIA y al tener conocimiento de los impactos que podría provocar instalar la mina, la oposición conformada por: activistas, docentes y ciudadanos de las comunidades que resultarían afectados, pidieron que se hiciera una consulta pública para discutir los procedimientos utilizados por la empresa, así como para posicionarse; además de poder elaborar un análisis de los probables daños que ocasionaría el proyecto en caso de llevarse a cabo, así los argumentos servirían para tener una decisión informada sobre la viabilidad social y ambiental que representaba dicho proyecto.
Ante tal propuesta, el 21 de febrero 2013 al término de la consulta pública sobre la instalación del proyecto, al verificar que la empresa contaba con el apoyo (mayoritario, pero no total) de la comunidad de San Agustín Tetlama, los actores que se oponían decidieron organizarse como un frente común, constituyéndose el Movimiento Morelense en contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos (MMCMMP), pues la aprobación para explotación minera parecía muy próxima y solo en conjunto se podría detener. Después de esto el movimiento empleó diversas herramientas para que la población se informara, integrara y defendiera el entorno y la vida. Por lo que, se realizaron caravanas, marchas y protestas fuera de la embajada de Canadá (esto porque la empresa tiene su origen de capital en ese país), así como festivales de cine, conferencias y denuncias en medios de comunicación.
Una de las consecuencias más importantes fue incentivar a que personajes como el entonces Gobernador del estado (Graco Ramírez), el Secretario de Desarrollo Sustentable, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Consejo de Hombres de Negocios del estado de Morelos, se pronunciaran en contra del proyecto minero, pero el paso fundamental fue la integración de un mayor número de personas y organizaciones clave al movimiento para confrontar el proyecto minero, de tal manera que, las acciones que se realizaban eran más visibles, contenían más participación de diversos sectores y con ello, la oposición tuvo un mayor impulso económico y social (Tamayo, 2014, Téllez, 2015; Téllez & Sánchez, 2018).
La fuerza que tuvo el movimiento, la asociación de los actores comunitarios, académicos, políticos y empresariales de la región mostró que sus intereses iban encaminados en la misma dirección (aunque solo fuera por esa ocasión); es decir, la mayoría de los actores en contra del proyecto minero se asociaron entorno al rechazo de la extracción y explotación de los recursos naturales en la zona, lo anterior provocó que se frenara el proyecto rechazando la MIA de la empresa para explotación el 6 de junio de 2013 (SEMARNAT, 2013). Lo que consideró la SEMARNAT en la resolución con número SGPA/DGIRA/DG/ 03865 para negar la MIA del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos para explotación el 5 de junio de 2013 fueron las siguientes características:
El volumen de agua requerido por el proyecto representa el 51% de la disponibilidad existente. Y dado que el proyecto dura 11 años no es posible garantizar el abasto.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) señaló que los análisis realizados por la empresa no son objetivos en virtud de la situación de la mina.
Esta DGIRA no es competente con respecto a los posibles impactos en las zonas arqueológicas.
Esta DGIRA concuerda en lo limitado del estudio biótico en relación con la fauna acuática y la posible subestimación del grado de conservación de los recursos presentes en el sitio del proyecto
La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) valoró los estudios de flora y fauna como deficientes en cuanto a metodología y alcances, lo que probablemente subestima el estado de conservación real de los recursos.
Aunque, se aclara que esta situación es solo hasta que se obtenga la autorización, por lo que simplemente se ha mantenido en pausa después de esta fecha. El 30 de agosto del mismo año las concesiones de la empresa Esperanza Silver fueron compradas por la compañía canadiense Alamos Gold, la cual mantuvo vivo el proyecto minero y junto a ello, la amenaza a los entornos.
Ante la incertidumbre que el proyecto generaba entre las comunidades y municipios que se verían afectados en el estado de Morelos, el ayuntamiento de Xochitepec, presionado por el Movimiento Morelense en contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, declaró a este municipio territorio libre de minería a tajo abierto por metales en febrero de 2015, e hizo un exhorto al Congreso local para que legislara contra este tipo de actividad y revisara las concesiones en el estado. Para ello, el gobierno municipal de Rodolfo Tapia López se comprometió a no autorizar el cambio de uso de suelo para minería a tajo a cielo abierto, así como a retirar aquellos permisos ya otorgados (Espinoza, 2015).
De igual manera, para marzo de 2015 el H. Ayuntamiento Municipal de Miacatlán, se declaró territorio libre de minería a tajo abierto por metales y se comprometió a no autorizar el cambio de uso de suelo para minería a tajo abierto o a retirarlo en su caso. De esta manera, se involucran nuevos actores sociales en contra del proyecto minero.
Por otro lado, a partir de este periodo la empresa Alamos Gold realizó movimientos para fortalecerse, tal como la fusión con Aurico Gold en abril de 2015, con lo cual, pudo obtener un mayor poder financiero, además con esto propicia y mantiene la continuación de acciones en cuestiones sociales con la intención de convencer a la población del proyecto, de esta forma se constituyó la empresa y actual dueña Alamos Gold Inc.
Por ahora, el proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos le pertenece a la empresa Alamos Gold Inc., cuyas siete concesiones con nombre La Esperanza y Esperanza del II al VII (Figura 1) para extracción de oro y plata se ubican geográficamente entre los municipios de Cuernavaca, Miacatlán, Temixco y Xochitepec, mismas que se conglomeran para formar la totalidad de la estructura concesionada para desarrollar el proyecto minero, sin tomar en cuenta el radio real de afectaciones socioambientales que llega a abarcar muchas otras zonas y municipios como resultado de los procesos de extracción de minerales. Así, el área de explotación del proyecto (mediante cielo abierto y más reducida que la concesionada) se encuentra dentro de los núcleos agrarios de la comunidad de San Agustín Tetlama, Santa Cruz Milpillas y Xochicalco (Tamayo, 2014; Monroy & Monroy, 2015; Téllez & Sánchez, 2018).
Fuente: Téllez (2015).
Fig. 1 - Ubicación de las concesiones mineras del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos (hasta 2015).
Por otro lado, aunque parezca que entre los años de 2015 y 2020 no se realizaron acciones significativas por parte de ambos lados (empresa y comunidades), es imprescindible tener en cuenta que el proyecto está en pausa y que es probable que se haya estado moldeando la nueva intervención de la compañía minera, pues el proyecto es importante para esta última en términos monetarios.
Ahora bien, aunque no hay datos oficiales sobre las acciones que realiza la empresa, es notable que están haciendo modificaciones al proyecto para que sea aceptado por la población del lugar, de tal manera que, continúa llevando a cabo acciones sociales en la comunidad de San Agustín Tetlama para que esta siga dándole su apoyo (se pudo observar en las visitas de campo), además de hacer cambios en el territorio concesionado, pues para 2016 el SIAM muestra que las concesiones Esperanza con número II, IV, V y VI se redujeron, dejando un total de territorio concesionado por 14,337.84 ha., tal como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2 - Evolución de las concesiones mineras del proyecto minero.
| Título | Lote | Municipio | Fecha de solicitud | Superficie (has.) | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| 215624 | La Esperanza | Xochitepec | 25 de julio de 2000 | 437 | Recursos Cruz del Sur S.A. de C.V. |
| 220742 | Esperanza II | Temixco | 24 de junio de 2003 | 1,270 | Recursos Cruz del Sur S.A. de C.V. |
| 228265 | Esperanza III | Temixco | Julio 20, 2006 | 1,359 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 231734 | Esperanza IV | Temixco | 7 de octubre de 2007 | 1,338 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 234011 | Esperanza V | Temixco | Diciembre 14 de 2008 | 277.68 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 234755 | Esperanza VI | Temixco | 1 de abril de 2009 | 9,703.93 | Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. |
| 234784 | Esperanza VII | Temixco | 1 de abril de 2009 | 639 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 215624 | La Esperanza | Xochitepec | 25 de julio de 2000 | 437 | Recursos Cruz del Sur S.A. de C.V. |
| 245883 | Reducción Esperanza II | Miacatlán | 25 de enero de 2016 | 942 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 228265 | Esperanza III | Temixco | Julio 20, 2006 | 1,359 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 245962 | Reducción Esperanza IV | Miacatlán | 25 de enero de 2016 | 1,236 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 245885 | Reducción Esperanza V Fracción 1 | Temixco | 17 de abril de 2016 | 27.91 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 245886 | Reducción Esperanza V Fracción 2 | Temixco | 17 de abril de 2016 | 8 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 245932 | Reducción Esperanza VI | Miacatlán | 25 de enero de 2016 | 9,688.93 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
| 234784 | Esperanza VII | Temixco | 1 de abril de 2009 | 639 | Esperanza Silver de México S.A. de C.V. |
De tal manera que, parte del territorio concesionado que se ha eliminado fue el que se encontraba cercano de la zona arqueológica de Xochicalco, pues, aun cuando en la negación de la MIA elaborada por la SEMARNAT no se especificaba como una característica fuerte para tomar esa decisión al admitir que no eran atribuciones de esta dependencia sobre la zona, sí ha sido parte de las inquietudes de los activistas que se posicionan en contra de la mina, por lo que se puede suponer que la modificación del área concesionada (figura 2) es para evitar un conflicto mayor por esa situación; sin embargo, el perímetro del proyecto minero se mantiene.
Fig. 2 Ubicación de las concesiones mineras del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos (a partir de 2016).
Al final del año de 2019 y hasta principios de 2021, la empresa Esperanza Silver se ha dedicado a promocionar el proyecto minero en los medios locales por medio de acciones que se enfocan a proporcionar información a través de su vocero Ricardo Sierra como un proyecto que se basa en un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambiental Responsable, el cual pretende el respeto de los derechos humanos, la protección social y sobre todo la protección ambiental ajustando sus procesos a la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); además, han mencionado que ya no será una mina a tajo a cielo abierto, sino una de tipo cantera, como la que se lleva a cabo para obtener los minerales pétreos (Cárdenas, 2020), situación que pretende esconder que la minería en sí misma daña los entornos socioambientales, sin importar el tipo de minado y proceso de beneficio que se pretenda realizar.
Conflicto socioambiental entorno al proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos
Después de contextualizar la situación histórica del proyecto de mina en Tetlama, Morelos, se mencionan otros aspectos relacionados con el proceso conflictivo que impone el proyecto. Así, con la información recabada en las entrevistas, en esta parte se presenta la percepción de la conflictividad que actualmente sostienen las comunidades en torno al proyecto minero.
Se utilizó la estructura metodológica sobre los conflictos socioambientales que propone Maya (2009); sin embargo, cada análisis se diferencia por la zona estudiada; es decir, por los recursos en disputa de la zona en conflicto, las necesidades e intereses de los pobladores, los empleos disponibles, así como por las condiciones de acceso a los servicios médicos, sanitarios, de agua, electricidad y seguridad, mismos que conducen la concentración de información, por lo que finalmente, en este sentido los aspectos clave para definirlo variarán.
Ante esta estructura, la sistematización de la información se obtiene del análisis de las perspectivas, interpretaciones y opiniones de los actores que intervienen en el conflicto socioambiental, en donde se relacionan similitudes, pero también se confrontan posturas proporcionadas por los individuos, ya que los intereses por los que se opone o se muestra a favor cada actor son diversos, así como las situaciones vividas, de tal manera que se recupera la información más amplia posible, con la cual, se podría determinar un estado preliminar de la situación conflictiva alrededor del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos. Para esto se mencionan los pasos que se siguieron y los resultados alcanzados.
Paso 1. Tipo de conflicto
La información recabada indica la existencia de un conflicto desarrollándose por lo menos durante los últimos 18 años (2006-2021), mismo que no desaparecerá de un día para el otro, pues en caso de existir un proceso conflictivo socioambiental relacionado con la actividad minera, este suele ser permanente debido a que para las empresas es favorable que exista, incluso los conflictos siguen presentes después de que una mina deja de operar. Así, la principal característica encontrada en este caso de estudio para pronunciarse como parte de la oposición es la defensa de la tierra y el agua, factores que intervienen directamente en los procesos productivos, la alimentación y la reproducción humana, por lo tanto, el conflicto generado es para defender la vida de la población de Morelos. Sin embargo, se especifican otras dimensiones conflictivas para este caso al encontrar que una parte de la población se encuentra motivada a apoyar el proyecto minero, por ello, se integran otras condiciones, que de igual manera se perciben como parte del conflicto (tabla 3, 4 y 5).
Por la evidencia e identificación del riesgo socioambiental inminente: destaca por ser la razón que hizo visible la posibilidad de existencia de problemas y perjuicios al entorno socioambiental, de tal manera que se perciben afectaciones, aun cuando el proyecto no esté en exploración. Esto se debe al aumento y acceso de la información que describen otros casos, en donde sí se han presentado situaciones dañinas o conflictivas, mismas que están vinculadas a la actividad minera, debido a ello, es que se quiere evitar una situación de riesgo similar al de otros casos, por lo que no dudan en alzar la voz y confrontar a quienes opten por oponerse a la mina.
Tabla 3 - Tipos de conflicto.
| En contra de la mina | A favor de la mina |
| Apropiación de los recursos | Nulas oportunidades de desarrollo y respuesta a la violencia |
| Esto se muestra cuando la empresa minera divide a la población, entre quienes pueden decidir sobre los recursos que quieren apropiarse (núcleo agrario) y los que no pueden. En este sentido, recibirán mayores o todos los beneficios los que puedan tomar decisiones sobre los recursos en disputa, generando ruptura social entre e intracomunidades. Pues por ambición han llegado a amenazar y a señalar a los vecinos que se oponen al proyecto minero. |
|
Paso 2. Especificar el contenido del conflicto
Tabla 4 - Contenido del conflicto: social, ambiental y económico.
Paso 3. Identificar los involucrados en el conflicto, su relación y alianzas existentes
Tabla 5 - Posición de los actores sobre el proyecto minero.
| Actores en contra del proyecto minero | Actores a favor del proyecto minero |
| Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos y Cuernambiental: organizaciones que se mantienen en pie de lucha, generando acciones informativas dirigidas a la población sobre las condiciones nocivas que genera la minería. | Alamos Gold Inc.: la empresa se ha mantenido firme en promover su proyecto minero, teniendo una relación cercana con la comunidad de San Agustín Tetlama, ofreciendo servicios como: la reparación de la bomba de agua del poblado, becas escolares, electrodomésticos, pagando la renta a los comuneros de las tierras donde se pretende instalar la mina, haciendo reparaciones a la infraestructura de calles y la entrada de la iglesia, por mencionar algunas. |
| Las comunidades: las que están en contra se han mantenido relativamente en espera desde el rechazo de la Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa minera en 2013, pues necesitan cubrir otras necesidades diarias como cuestiones alimentarias y de empleo. Aunque en los últimos meses han conseguido realizar conversatorios, conferencias de prensa, además de las presentaciones informativas que suelen hacer en las comunidades. | Una parte de la comunidad de San Agustín Tetlama y comuneros: da su apoyo debido a que la empresa los provee de algunos bienes, rentas y reparación de la infraestructura de la comunidad. |
| Academia y estudiantes: la parte estudiantil ha quedado relegada con poca participación en las acciones informativas, mientras que la academia sigue participando en eventos de difusión, aunque en alguna ocasión un grupo de académicos presentó argumentos a favor de la minera, tratando de convencer a las comunidades de que dejaran que se instalara la mina y conforme fuera contaminando les cobraran, pero destacan más o han sido más activos los que están en contra. | Medios de comunicación: han promocionado al proyecto como sustentable y como una opción para salir de la situación de marginación. Esto a pesar de que durante el periodo 2010-2013 parecían apoyar la narrativa de ir contra la mina. |
| Gobierno estatal y municipal: el gobierno estatal del periodo (2012-2018), se posicionó en contra del proyecto minero; sin embargo, el actual gobierno se ha mantenido en silencio, un silencio que desde nuestro punto de vista lo hace cómplice. Mientras que los gobiernos municipales de Miacatlán, Xochitepec y Temixco se han pronunciado como municipios libres de minería. | |
| Consejo de Hombres de Negocios del Estado de Morelos (temporal): se pronunciaron en contra hasta que se rechazó la MIA del proyecto minero para explotación, pero con el nuevo proyecto de “minería sustentable” (de acuerdo con la empresa), se les ha prometido a las empresas ser proveedoras de lo que necesite la mina para operar en caso de instalarse. |
Paso 4. Identificar las fases en la que se encuentra el conflicto: latente o de tensión, escalada, crisis abierta o pública mediante la ubicación del conflicto socioambiental
Para identificar la fase en la que se encuentra el conflicto relacionado con el proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos, en las tablas 6 y 7 se señalan las características de dos etapas con ayuda de las entrevistas. Lo que se destaca en color verde son los aspectos que desde la perspectiva de los entrevistados son lo que más impacto tiene para el conflicto.
Tabla 6 - Etapa del conflicto por el proyecto minero para 2013.
| Fases | Comunicación | Percepción | Actitudes | Cooperación | Sentimientos |
|---|---|---|---|---|---|
| Latente o tensión |
|
Diferencias de intereses, percepciones y valores. | Aumenta la desconfianza. |
|
|
| Escalada | Falta de sinceridad, mentiras, secretos, engaños y acusaciones. | Los gestos de reconciliación son interpretados como malas intenciones. |
|
|
Desaparece la disposición de buscar soluciones que favorezcan a las dos partes. |
| Crisis abierta o pública | La poca comunicación confirma los perjuicios. |
|
|
Violencia. |
|
Para el año de 2013, se pueden reconocer condiciones que nos llevan a sugerir que la etapa del conflicto se encontraba en crisis abierta o pública, pues las características señaladas por los entrevistados se relacionan con esta fase.
Tabla 7 - Etapa del conflicto por el proyecto minero para 2021.
| Fases | Comunicación | Percepción | Actitudes | Cooperación | Sentimientos |
|---|---|---|---|---|---|
| Latente o tensión |
|
Diferencias de intereses, percepciones y valores. | Aumenta la desconfianza. |
|
|
| Escalada | Falta de sinceridad, mentiras, secretos, engaños y acusaciones. | Los gestos de reconciliación son interpretados como malas intenciones. |
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Desaparece la disposición de buscar soluciones que favorezcan a las dos partes. |
| Crisis abierta o pública | La poca comunicación confirma los perjuicios. |
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Violencia. |
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Ahora bien, la tabla 7 muestra las percepciones vinculadas en la actualidad (2021). La situación conflictiva se encuentra, según las entrevistas, en una condición de latencia o de tensión, en la que existe diferencia de valoraciones, pero debido a la situación actual de información en que no se ha presentado la nueva MIA, o no son visibles los daños socioambientales (porque el proyecto no está operando, sólo está en exploración), no ha pasado la etapa de latencia, por lo que se mantiene la postura de resistencia. Asimismo, la empresa se ha mostrado, aparentemente, a favor de cubrir las necesidades de la población, de tal manera que no se percibe como algo claramente dañino.
Paso 5. Historia del conflicto, antecedentes que lo originan
Esta parte se mencionó en el apartado anterior (apartado 2), de tal manera que no se describe nuevamente (Tabla 8).
Paso 6. Disposición de los involucrados para manejar el conflicto
Tabla 8 - Condiciones para el manejo del conflicto minero.
Como se ha podido constatar hasta este punto, la empresa ha establecido una dinámica de conflicto sostenido a través de brindar ciertos beneficios que solo impactan positivamente en la vida de unos pocos habitantes, generando tensión entre la población. Esta situación además se ha fortalecido al promover una campaña mediática por parte de los responsables de la mina en la que destacan los supuestos principios de responsabilidad ambiental y social que ahora ostentan.
Conclusiones
Con lo encontrado en este análisis, el conflicto entre la sociedad y la empresa se plantea inicialmente como multidimensional, en cuanto a las circunstancias que genera el enfrentamiento de todos los actores, tales como la identificación de los probables riesgos a la biodiversidad del lugar, la contaminación y apropiación de recursos hídricos, los riesgos a la salud, la violencia por diferencia en la valoración de los recursos y daños al tejido social, preocupaciones que recaen dentro de los factores sociales y ambientales de este proceso conflictivo. Por ello, es notorio que el conflicto parte desde la identificación de riesgos socioambientales, pues estos suelen ser enmarcar a la actividad minera, por lo que ahora, también pueden ser parte de la zona que rodea al proyecto minero en caso de instalarse.
Así, este desarrollo ha pasado por tres procesos: 1) comenzó con una situación de lucha que se puede definir como una crisis abierta o pública, la cual, logró el rechazo en 2013 de la Manifestación de Impacto Ambiental para extracción del proyecto minero, en donde los principales actores que participaron e influyeron en los resultados de esta etapa, fueron pobladores organizados, estudiantes, académicos, empresarios, el gobierno del estado y los medios de comunicación; 2) posteriormente, siguió un periodo de pausa en el que no se tuvo mucha información sobre las acciones realizadas por los actores involucrados; 3) por último, hoy en día (2021), existe una resistencia, compuesta por una porción menor de pobladores y académicos respecto al año 2013, que se anteponen y alzan la voz ante la nueva propuesta de “minería sustentable” que la empresa minera ha promovido e intenta imponer en el estado de Morelos usando como vía a los medios de comunicación, posicionándose como una etapa de latencia o tensión, en la que no existen condiciones conflictivas, pero sí la persistencia de un riesgo.
Es así que se puede señalar que los elementos e incentivos que han mantenido el conflicto trabado son: 1) La falta de una posición visible del Estado para oponerse abiertamente a la mina, ya que se rechazó la MIA; 2) La promoción e inversión de la empresa en el lugar para garantizar el apoyo de algunos pobladores; 3) La campaña mediática a favor de la empresa; 4) La resistencia y rechazo de una parte de la población al proyecto. Estas cuestiones se conjugan para permitir que la empresa siga invirtiendo y promocionando el proyecto, desgastando al movimiento que se opone, el cual ha operado ininterrumpidamente desde hace más de una década.
Lo importante es que parte de los pobladores no se han dejado de defender la tierra, el agua y junto con ello la vida de los habitantes de Morelos, pues no se puede negociar algo cuando la vida está en peligro, aunque se reconoce que la multiplicidad de actores que conformaron el movimiento de 2013 fue heterogéneo y diverso en cuanto a sus necesidades e intereses, lo que lleva a pensar que alguno de ellos pueda tomar posiciones a favor o neutrales en la actualidad.
Por otro lado, es importante señalar que debido a que se mantienen activas las concesiones mineras es probable que el conflicto siga sin llegar a un acuerdo que beneficie a la población, siendo este uno de los aspectos que impulsan y mantienen el conflicto, además de la falta de un proceso regulatorio más efectivo y de respaldo a las comunidades. Hay otras tres situaciones convergentes que mantienen activo el riesgo socioambiental; la primera, parte de que las leyes no están diseñadas para que las causales de retiro de concesiones mineras surjan desde las comunidades; la segunda condiciona la solución del problema a lograr dirimir las diferencias de intereses y necesidades que hay entre los diversos actores; mientras que la tercera, describe la nula promoción de alternativas productivas que puedan sustituir a la actividad minera, ni siquiera se promueve la actividad agrícola, la cual ha sido un medio de subsistencia para las familias ubicadas en torno al proyecto minero, se espera que las alternativas lleguen desde las asociaciones civiles o la academia, ya que se menciona que son actores que tienen la posibilidad de análisis y estudios de caso similares. De tal manera que el conflicto se sigue manteniendo en la región, pues hay una oposición al proyecto minero, por lo que no se visualiza, hasta este punto, un final a corto plazo.
