Con la llegada al poder, en varios países de Latinoamérica, de gobiernos populares y la promoción de políticas de interés por el campesino, el debate sobre el agro se ha reavivado. La instauración en el Ecuador, del gobierno de la Revolución Ciudadana ha seguido como precepto la atención de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inserción activa en la economía y, en particular, la inclusión renovada del pequeño campesino en la vida económica y social.
Una profunda revisión de documentos y textos sobre las relaciones agrarias y los diferentes grupos sociales que participan en la producción en este sector, evidencia el valor científico de los aportes de la economía política marxista-leninista, sobre la problemática agrícola.
Muy debatidas han sido en la literatura Latinoamericana, marxista o no, las conclusiones sobre el problema agrario a las que Marx llega en El Capital, sobre todo, en cuanto a la desaparición de la economía campesina y del pequeño campesino parcelario, a partir de que lo allí dicho no se corresponde con lo que ha sucedido en la realidad, particularmente en América Latina.
A finales del siglo XIX y principios del XX, Lenin se erige en continuador del pensamiento marxista, y utilizando su método, renueva la teoría y la pone a tono con los cambios operados en el capitalismo, en particular, el tránsito a la fase imperialista. A propósito, actualiza la teoría de las relaciones capitalistas en el agro y la problemática del pequeño campesino y parcelario en el capitalismo.
No obstante, los autores de este trabajo consideran que ello se debe a que ha prevalecido una interpretación dogmática de sus planteamientos. Por el contrario, un estudio profundo de sus reflexiones sobre el tema agrario, complementados con los aportes de Lenin, muestran que estos son fundamentales para el análisis del campesino en la actualidad y su presencia supeditada al gran capital agrícola nativo y transnacional, en la región.
A partir de lo antes expuesto, se concibe como objetivo de éste trabajo: examinar desde la visión de economía política marxista-leninista la problemática del desarrollo agrícola y la cuestión del pequeño campesino y parcelario en el capitalismo, en particular en el Ecuador actual.
Principales contribuciones de la teoría marxista-leninista al estudio de la agricultura capitalista y la economía campesina
Marx y Engels estudiaron el capitalismo del siglo XIX, básicamente en Europa occidental. Si bien, en algunas de sus obras iniciales, sobre la cuestión agraria y campesina, ellos caracterizaban al campesino como un sector conservador respecto a su papel en la revolución, el conocimiento más tarde, de otras realidades agrarias como la rusa, fue matizando su visión con respecto a los trabajadores agrícolas, hasta llegar a esbozar la posibilidad de una alianza obrero-campesina para la lucha revolucionaria.
Ambos autores consideraron que bajo el desarrollo del capitalismo las relaciones de producción pre-capitalistas serían destruidas casi absolutamente, y con ellas, el pequeño campesino y la economía parcelaria; pero igualmente, dejaban espacio para su posible prolongación, pues como señala Marx: “El modo capitalista de producción sólo se apodera en forma lenta y dispareja de la agricultura” (Marx, 2002, p. 303).
De igual manera, Marx en El Capital reconoce que “Dentro de un régimen social dominado por la producción capitalista, también el productor no capitalista se halla dominado por las relaciones capitalistas (Marx, 2002, p. 9).
Ambos apostaron por la idea que “el pequeño campesino es un futuro proletario” e hicieron la observación que el proletariado, una vez en el poder, debía asegurarse de mejorar la situación de los campesinos para asegurarles un tránsito suave de la propiedad privada a la propiedad colectiva y ganarlos para la revolución.
Además, en sus estudios acerca de las condiciones agrícolas y sociales de Rusia, concibieron la idea de los diversos tipos de campesinos y su grado de pauperización, los cuales les sirvieron para esbozar los principios de una posible teoría de la diferenciación social campesina. De esta forma, allanaron el camino para posteriores ideas que desarrollaría Lenin, útiles tanto para la teoría como la práctica.
Lenin puso de relieve la estratificación social del campesino, al distinguir entre campesino rico, medio y pobre, calificando a este último como aliado natural de la clase obrera.
Al realizar el examen de los procesos socioeconómicos del campo ruso reconoció que el pequeño productor campesino no desaparece inmediatamente en el período histórico de existencia del sistema capitalista, sino que puede conservarse por largo tiempo; Lenin sostuvo la idea que mientras se conservara la propiedad privada sobre la tierra se debía combatir a los terratenientes y favorecer la propiedad campesina. Dedujo que, en la etapa democrática de la revolución, el proletariado podía formar alianzas con todo el campesinado, pero en la etapa socialista, solo con el campesino pobre.
Este teórico demostró que las leyes del desarrollo capitalista descubiertas por Marx no solamente regían en la industria, sino también en la agricultura, pero con reflejos particulares.
Lenin apostó por la organización de cooperativas agrícolas, pues confiaba en que mediante ellas los campesinos pobres saldrían de su aislamiento y se incorporarían progresivamente al mercado, lo cual influiría en el desarrollo de sus fuerzas productivas.
Lenin fundamentó los principios cooperativos en su conocida obra “Sobre la Cooperación”, escrita en 1923. En ella su teoría acerca del tema adquiere una expresión cabal. Consideró que, el movimiento cooperativo, significaría un gran avance para debilitar las relaciones feudales que prevalecían en el campo ruso, pero había que darles una orientación democrático-revolucionaria. Diferenció las cooperativas en el capitalismo y en el socialismo, al respecto señala: “Cuando los medios de producción pertenecen a la sociedad el régimen de los cooperadores cultos es el régimen socialista”.
Subrayó la idea que las cooperativas no eran una opción transformadora en sí mismas, pues, aunque significaban un paso de avance, mientras el proletariado no conquistara el poder, continuarían prevaleciendo las relaciones capitalistas de producción y la explotación. Para Lenin, una vez establecido el gobierno democrático-burgués el Estado socialista soviético se presentaba como la próxima meta, y con ella se produciría el verdadero desarrollo del sector agrícola y de toda la sociedad y que la construcción de cooperativas coincidiría con el desarrollo del socialismo.
En las obras de Marx, Engels y Lenin se encuentran los elementos esenciales para el estudio del sistema de relaciones agrarias en el capitalismo y la economía campesina. Entre las tesis fundamentales por ellos expuestas sobresalen las siguientes:
La tierra es el medio de producción fundamental del sector agrícola, se caracteriza por ser limitada e irreproducible, de manera general; su utilización excluye de su empleo a otros; es un bien diferenciado y cualquier mejora tecnológica se hace sobre ella misma, no como ocurre con otros medios de producción que se realiza renovándolos.
Lo anterior unido a la existencia de la propiedad privada capitalista sobre la tierra, dada su explotación económica, es causa de la existencia de un doble monopolio sobre la tierra, como objeto de propiedad y como objeto de explotación, lo cual se expresa, en la esfera de la distribución, en la presencia de la renta absoluta y la diferencial (I y II).
La pequeña producción agrícola no es una relación que se defina por el tamaño de la parcela objeto de explotación (extensión de la tierra), no es una relación cuantitativa, sino social de producción. Es expresión de una determinada base material, de un desarrollo determinado de las fuerzas productivas, las cuales, a su vez, dada las particularidades de este medio de producción adquiere una práctica específica. Si bien es marginal, herencia de modos de producción anteriores ha quedado subsumida a las relaciones de producción dominante. En este organismo productivo propietario y productor son la misma persona, no se utiliza trabajo asalariado, se emplea el trabajo propio y familiar, con el cual no media contrato de compra-venta. Se vincula a la familia para mejorar las escasas oportunidades de supervivencia.
La pequeña producción agrícola se caracteriza por ser autosuficiente, donde la masa principal de los productos se destina al autoconsumo del propietario-productor y su familia. No se dedica al mercado, sólo el excedente de los productos se transforma en mercancía.
En la pequeña producción agrícola la división del trabajo asociada al mercado no funciona, la diferenciación entre los productores se basa en la diversidad de los productos que cultivan, ello constituye el fundamento natural de la división del trabajo y el incentivo de su expansión.
En esta condición de producción no existe concentración de medios de producción ni desarrollo tecnológico, la maquinaria no alcanza un papel significativo y el volumen de la inversión es bajo; el hombre tiene poco control sobre las condiciones de su forma de producir y obtiene una baja tasa de rendimiento de sus inversiones, por ello su producción agrícola crece muy poco. El mecanismo del pequeño productor muestra una división del trabajo elemental, donde la actividad económica depende en lo fundamental del vigor, habilidad, rapidez y seguridad del trabajador individual en el manejo de su instrumento. En la pequeña producción del campesino, la familia es un complemento obligado para la reproducción, no solo de la especie, sino de la vida material.
El enfoque antropológico los considera insertos en una cultura tradicional, donde los contenidos culturales y los valores se trasmiten en forma verbal, constituyéndose en sistemas culturales autónomos, con una cultura un sistema independiente y autosuficiente. Los cuales se gobiernan por un componente que tiene que ver con determinantes no económicos como el parentesco, la tradición, la ayuda mutua, valores y normas de conductas propias, entre otros.
El pequeño productor agrícola sobrevive a partir de su trabajo, no explota a nadie; esa condición le permite sustentar vínculos con el resto de la masa trabajadora, ser su aliado natural.
Lenin desarrolló también la teoría de la acumulación de Marx y a partir de ella explicó cómo la exacerbación de la competencia conduce a la concentración y la aparición de grandes monopolios, cuya base financiera se consolidó desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la fusión del capital industrial y el capital bancario. Proceso que abarca toda la actividad económica, incluida la agricultura.
Algunas consideraciones sobre el desarrollo de las relaciones agrarias capitalistas en la época actual
Hacia finales del siglo XIX, el monopolio pasó a ser el rasgo predominante del sistema económico mundial y éste se hizo presente en casi todas las ramas, también en el agro, aunque más lenta y tardíamente.
La literatura consultada (Stedile, 2008; Hidalgo & Laforge, 2011) está de acuerdo en que, a partir de los 60 se profundiza la incorporación del progreso científico técnico en el sector agrario y se produce un rápido proceso de concentración de la producción y los capitales; lo anterior se expresa en la aparición de cooperaciones monopolistas agrarias, clara evidencia de la penetración del capital financiero en la agricultura. Asimismo, aseveran dichos autores que este fenómeno va acompañado, en los países capitalistas desarrollados del crecimiento del tamaño medio de cada granja y de la reducción del número de estas granjas así de la ruina de un gran número de pequeños productores y su conversión en obreros agrícolas.
También existen evidencias de que el desarrollo y profundización del dominio del capital monopolista en la agricultura condujo a la expansión de los agronegocios, lo cual constituye uno de los saltos más dinámicos de la economía capitalista en la actualidad en este sector.
Vale precisar, que el agronegocio es un fenómeno que nace y se disemina a nivel mundial desde los países capitalistas desarrollados; este impone su sistema de poder a nivel global. Constituye uno de los consignatarios del capital agrícola de la economía capitalista contemporánea y es el sustento más potente y consecutivo de la regulación monopolista estatal.
En fin, puede entenderse por agronegocios como el control total o parcial de todos los procesos que atraviesa un alimento, desde la siembra hasta llegar al consumidor final; es decir, el control monopólico de toda la cadena agroalimentaria a través de una diversidad de estrategias de integración vertical y horizontal, que significa la fusión por medio de acuerdos, compras, contratos, etc. Como tal, éste considera a la agricultura como un sistema de cadenas de valores, con múltiples eslabones, centrado en la satisfacción de la demanda y las preferencias del consumidor. En este sistema de cadenas de valores existen diferentes formas de coordinación de los agentes de cada cadena de valor y de solucionar las transacciones entre eslabones.
En América Latina la propagación de los “agronegocios” y la expansión de las transnacionales ha sido mediante sus filiales o subsidiarias; éstas últimas han conquistado amplios espacios geográficos, reestructurado la agricultura de los países subdesarrollados y trayendo como consecuencia enormes problemas sociales. Un ejemplo de ello, es la transnacional Benetton, la cual se dedica al cultivo y procesamiento de la soya, producción de lana, entre otros renglones (Soria 2017), esta transnacional es el mayor terrateniente en Argentina, con más de 800 000 hectáreas de tierras.
Algunos grandes propietarios nativos de tierras, exportadores de productos agrícolas, se han fundido con las transnacionales (Stedile, 2008); al propio tiempo, miles de campesinos han sido expulsados de sus áreas rurales a las urbanas, siendo substraídos de su hábitat natural y empujados a un medio adverso que los margina y en donde luchan por sobrevivir. A pesar de lo antes expuesto, en América Latina la economía del pequeño campesino, más que desaparecer, subsiste supeditada a las relaciones capitalistas.
En relación al tema, la (FAO, 2008) expresa: “...es un fenómeno propio de la agricultura latinoamericana la coexistencia de pequeñas unidades productivas familiares con pequeñas, medianas y grandes explotaciones, a partir de lo cual, se caracteriza por tener una composición agraria heterogénea y desigual” (FAO, 2008, p. 14).
Asimismo, Bonilla (1981) establece que la expansión del capitalismo en el agro ha provocado:
El minifundio tradicional se dedica a los cultivos de subsistencia.
El surgimiento de un doble mercado de trabajo, el normal y el inframercado rural, caracterizado este último por los más bajos salarios.
Prolongación de las jornadas de trabajo; obstrucción sistemática a la sindicalización, con contrataciones temporales.
Incumplimiento del contratista de hacer erogaciones en la seguridad social, sin la más mínima legislación laboral que sirva de elemental medio de defensa, se deja en manos de esos campesinos depauperados la responsabilidad y la angustia de que se mantengan y reproduzcan.
Desafortunadamente, aunque ha pasado algún tiempo de esta reflexión, los acontecimientos actuales confirman estos actos.
Valga añadir que, sobre este tipo de trabajadores recae, por lo general, la pesada tarea de expandir la frontera agrícola en las peores condiciones de trabajo, tierras que al poco tiempo de ser incorporadas a la explotación les son arrebatadas por agricultores o ganaderos con más poder.
El asentamiento minifundista ha entrado así a desempeñar un papel de pieza maestra en la operación de la estructura agraria modernizada y en el funcionamiento de un mercado estacional de trabajo, en el que lo característico ha sido la desorganización del campesinado y su incapacidad de negociación. Por eso, no resulta extraño que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo estén tan interesados en la modernización capitalista de los minifundios a través de su incorporación al mercado tecnológico de las trasnacionales.
Presencia del pequeño productor campesino y estructura agraria del Ecuador
La independencia del Ecuador fue una revolución política, pero no social. En su caso, el poder colonial fue sustituido por el de las oligarquías terratenientes, quienes ya concentraban gran parte y lo mejor de la tierra, sin embargo, las masas populares no se vieron beneficiadas por los cambios operados. En la posesión de la tierra y su explotación se sustentaba buena parte del poder político del siglo XIX y las primeras décadas del XX; por ello, enfrentarlo significaba también alterar el orden jerárquico y excluyente de las repúblicas latifundistas y preindustriales.
El ordenamiento del territorio y la estructura agraria que dejaron siglos de conquista española en América Latina devino, aunque con diferencias, en la aplicación de reformas agrarias que tuvieron como objetivo redistribuir la tierra, reducir las tensiones sociales y modernizar el desarrollo del campo con la incorporación de la población rural a los mercados y el intercambio con las ciudades.
Tal status quo solo ha intentado romperse por medio de reformas agrarias como centro de los programas revolucionarios en América Latina; la Revolución Agraria Campesina mexicana de principios del siglo XX significó el fin de la agricultura de servidumbre heredada del régimen colonial con un enorme y largo proceso de redistribución de tierras a los campesinos desde finales de los años 30 hasta los 80 del siglo XX; la peculiaridad de la Reforma Agraria cubana del año 1959 consiste no tan solo en la entrega de la propiedad de la tierra al campesino que la trabajaba sino en la proscripción del latifundio, en colocar límites a las grandes propiedades y prohibir la propiedad sobre el suelo nacional a firmas y personas naturales extranjeras. Ello asestaba un duro golpe a transnacionales de diferentes países y en primer lugar a empresas norteamericanas como la United Fruit Company (Rodríguez, López & Leal Díaz, 1985).
El paradigma que representó la Revolución cubana y la emergencia política reinvindicativa de los campesinos y trabajadores del campo en América Latina condujo a contramedidas aplacadoras, corrientes más moderadas empezaron a reclamar cambios agrarios en términos menos radicales. En este contexto se ejecutaron reformas agrarias en la mayoría de países andinos sin cambios sustanciales en el régimen de tenencia de la tierra. Por su parte, Estados Unidos, en 1961, con la creación de la Alianza para el Progreso (ALPRO), promovió reformas agrarias en la mayoría de países de la región con el fin de que éstas detuvieran el avance de la creciente movilización social en los medios rurales.
Asimismo, en estos años, influenciado por la ALPRO y por las agencias norteamericanas (AID), (CUNA), (CLUSA) el cooperativismo1 toma fuerza. Es en estas circunstancias que se planteó la creación de cooperativas de campesinos como una “forma de integración de los minifundios y superación de las formas precarias de tenencia de la tierra”.
Es importante señalar que la reforma agraria realizada en las haciendas del Estado significó un intento importante de dotar de tierras a los campesinos: por un lado, se dieron títulos de propiedad a los “huasipungueros”;2 es decir, se consolidó una economía familiar de tipo tradicional en los terrenos que venían ocupando dentro de la hacienda; por otro, se organizaron cooperativas con la participación de estas familias y otras que no habían sido “huasipungueras”. La dotación de tierra para las familias se incrementó notablemente por esta doble vía de acceso, aunque las tierras bajo la lógica cooperativa no entraban por el momento en el patrimonio familiar. Y, por otro lado, existía una parte de las tierras que aún habían quedado en poder del Estado y que era manejada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).
Tales cooperativas en el caso del Ecuador entraron en crisis, erosionadas internamente por haber sido concebidas en un modelo que se impuso desde arriba, con pocos resultados exitosos desde el punto de vista productivo y económico; no permitió la promoción y desarrollo de líderes jóvenes, facilitó la consolidación de la diferenciación campesina; por todo ello sus miembros se vieron obligados a sustituirlas por su tradicional organización comunitaria
Las reformas agrarias llevadas a cabo en 1964 y luego en 1973, tuvieron como propósito resolver el problema de la posesión de la tierra, en zonas de alta concentración de población y la ampliación de la frontera agrícola; sin embargo, los cambios que se introdujeron no disminuyeron el poder del terrateniente. Ulteriores medidas de liberación del mercado de tierras reforzarían esas tendencias concentradoras y socavarían a las organizaciones comunales. Conforme a estudios realizados sobre los impactos de estas medidas el 0,4% del conjunto total de explotaciones agrarias concentraban el 45,1% de la superficie, mientras, el 73,1% de las explotaciones agrarias existentes en ese momento, disponían del 7,2% de la superficie (Jordán, 2003, p. 285).
En conclusión las grandes haciendas se transformaron en grandes unidades de producción capitalista y, por otro lado, generó en el campo, un bolsón de minifundios, al favorecer una mayor fragmentación del suelo en una mayor masa de campesinos (Zapatta, Vallant, Cepeda, Gondarld, Lacour & Gasselin, 2008, p. 12).
En la década del 90 los gobiernos latinoamericanos, y en el Ecuador, reorientaron sus políticas agrarias y promulgaron nuevas leyes que buscaban dar solución al problema del sector, las cuales perseguían la entrada de la inversión extranjera, instaurar el mercado de tierras y alcanzar otro tipo de relación entre el Estado y la sociedad.
Una revisión del último empadronamiento realizado en el Ecuador, Censo (2000), registra la existencia de una superficie agrícola de 123.558,31 Km2, la cual representa el 48,2% de la superficie total (256.370 km2). Igualmente, éste reconoce que, desde de su legalización, existen 842.882 unidades de producción agropecuaria, las cuales se distribuyen, según el tipo de propiedad, en privada, comunal3 y estatal.
Del mismo modo, el censo establece que el 94,5% del total de la superficie agrícola es propiedad privada, inclusive, se reconoce que el porcentaje de unidades productivas es mucho más alto, la diferencia entre este dato y el total, se reparte en 4,88% de propiedad comunal4 y un 0,59 de propiedad estatal.
También, revelan las fuentes (Véase el Mapa 1) que es un hecho la presencia de una alta concentración de la tierra en pocas manos, es decir, la superficie de tierra ocupada, beneficia a la gran propiedad; en este orden, las zonas con un relativamente bajo índice GINI, en la distribución de la propiedad sobre la tierra, son las menos. De ello se deduce que, si se persigue arribar a un modelo más equitativo de distribución de la posesión de la tierra, es necesario ajustar el límite del tamaño con la desprivatización y desmonopolización del suelo.
La dinámica de inequidad no ocurre de igual manera en todo el país, se distinguen diferencias a nivel regional y provincial. Estas diferencias, se aprecian en el índice a nivel provincial, así como para las zonas no delimitadas. A la par, como muestra el mapa 1 los extremos más elevados de inequidad, en el acceso a la tierra, se encuentran en la región de la Costa y al norte de la Sierra ecuatoriana, más precisamente, en las provincias de Guayas, Carchi, Cañar y Los Ríos, con índices de inequidad de 0,836; 0,807; 0,791; y 0,778, respectivamente.
Cabe observar, que a partir de los 90, se promueve y consolida en Ecuador, el modelo de los agronegocios, y estos unidos a la gran propiedad privada se orientan hacia la agroindustria. Destacan entre los más importantes agronegocios presentes en el país: Agripac, Ecuaquimica, Pronaca, Avesca, Brenntag, Sumitorno, Dow, Sygenta, Unicol, Foragro, Incoagro, Helm, Dupont, Bayer Crop Science, Farmagro. Estas corporaciones controlan los distintos procesos vinculados a la producción agroalimentaria, sobre todo, la fase de la comercialización del producto y su procesamiento industrial y monopolizan las semillas o el canal de comercialización-procesamiento o ambos.
Por otro lado, las pequeñas economías campesinas que aportan la mayor parte del alimento destinado al consumo nacional; apenas disponen de suficiente capital colocado en equipamiento moderno y tecnologías renovadas para producir.
A la llegada al poder de la Revolución Ciudadana, en el año 2007, la realidad mostró que pese a la Reforma Agraria de los años 60 y 70 y a la promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario, de 1994 (Véase Tabla 1), la situación de inequidad en el acceso a la tierra continua siendo una de las características sobresalientes del agro ecuatoriano, y que más bien se ha experimentado un dinámico proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra, mientras simultáneamente se advierte un proceso de minifundización de las propiedades adjudicadas por el Estado en los procesos de reformas agrarias.
La CEPAL (2014) registra que, si bien todos los países de América Latina poseen una considerable presencia de pequeños productores agrícolas, es decir, es pródiga en agricultura de pequeña escala y productores familiares, no todos los gobiernos tienen una política específica para ellos. Sin embargo, este no es el caso del Ecuador, donde, desde la adjudicación del mandato, del ex -presidente Correa se promovió una política a favor del sector agropecuario, en la búsqueda de que el país logre la autonomía alimentaria, suscitando un tratamiento más bien social y diferenciado a los segmentos más pobres de la población rural.
Por esta razón, el nuevo gobierno, reflejando la aspiración de cambio de amplios sectores sociales, trajo implícita la cuestión de la tierra en el Ecuador, lo cual se evidenció en el “Plan Tierras”, iniciado en el año 2010. No obstante, sus resultados han sido muy insuficientes, aprovechando el nuevo procedimiento de democracia directa, concedida por la nueva Constitución, algunas de las principales organizaciones campesinas se aliaron en una provisoria “Red Agraria”.
En el año 2012, dicha “Red Agraria” presentó, en la Asamblea Nacional, una propuesta de Ley de Tierras y Territorios, decisión novedosa en la historia ecuatoriana, dado el uso por primera vez, de la iniciativa ciudadana. La misma desató una enconada polémica, en lo referido al tamaño mínimo y máximo de la propiedad, el papel de los agronegocios y la agroindustria. Finalmente, la Ley fue aprobada en marzo de 2016.
La Ley del 2012 asume como principio fundamental normar el uso y acceso a la tierra rural y promover el aumento de la productividad, expresados mediante: las definiciones “modernas” de latifundio, la democratización de la tierra y la instalación de un mercado de tierras estatalizado. A su vez, elude la concentración de la tierra en pocas manos como un problema estructural y posiciona la improductividad como el principal inconveniente que vive el sector agropecuario. Entonces, puede afirmarse que la misma no transgrede la situación que caracteriza al agro ecuatoriano actual, sino que profundiza en su heterogeneidad.
La política económica y social que pretenda aniquilar el atraso secular del pequeño agricultor deberá contemplar aquellos elementos que refuercen la división del trabajo en la pequeña producción, introduzcan la ciencia y eliminen las barreras (objetivas y subjetivas) que impiden la introducción de los avances tecnológicos; asimismo, le corresponderá multiplicar la fuerza productiva social del trabajo, profundizar en la articulación de lo local, regional y nacional, fomentar la comunidad y asociatividad entre los productores, de hecho, todo lo que propague su identidad de intereses.
En fin, a la política le corresponde promover la unidad nacional y favorecer la propensión regular a su activismo sociopolítico, en el marco de sus reivindicaciones, y suscitar su organización política. Sin duda, la perspectiva de un gobierno progresista no puede perder de vista, como componente estratégico fundamental, la ambivalencia que caracteriza a este sector social, tal y como fue apuntado por Marx.
La situación del pequeño productor está caracterizada por: un gran asilamiento económico y social, poco aprovechamiento de modernas tecnologías productivas, limitada capacidad de gestión, bajo nivel cultural y escasa asociatividad, falta de un entorno adecuado con regulaciones y objetivos claros.
Existen en Ecuador, diferentes organizaciones campesinas, entre la que sobresale la CONAIE. La misma se estructura en tres agrupaciones regionales: la ECUARUNARI, representa a los indígenas de la Sierra ecuatoriana con un 45% a nivel nacional; la CONFENIAE, actúa en la Amazonía ecuatoriana, con el 30% de representación; y la CONAICE, en la Costa ecuatoriana, con un 25%.
La CONAIE, personifica las demandas de los campesinos en general y no individualiza los intereses de los pequeños productores. Esto explica porque es tan insignificante su quehacer en favor del pequeño campesino, a pesar del peso que éstos tienen en el suministro nacional de alimentos.
A lo antes señalado se suma, la falta de proyectos gubernamentales claros para el sector agrícola que definan el tipo de organizaciones que el desarrollo del agro requiere, y, en ese marco, fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los líderes de las asociaciones; asimismo, la ausencia de una atención especial a los jóvenes y mujeres integrantes de estas asociaciones de productores, entre otros, son factores que explican la debilidad organizativa que caracteriza al pequeño productor ecuatoriano y las debilidades de sus reclamos reivindicativos
Las cooperativas en algunos países de América Latina
Un medio alternativo para reducir su indefensión ante las grandes empresas y mejorar su posición socio económico puede ser el fomento de formas de organización cooperativas por los campesinos ecuatorianos, como ocurre en otros países de la región. En todos los países latinoamericanos el cooperativismo ha sido parte del desarrollo histórico de sus economías, por eso no sorprende que continúe siéndolo hoy. Las cooperativas actúan en todos los sectores de la economía, aunque en unos países más que en otros.
Según la FAO (2016) existen en América Latina 22 000 cooperativas que se desenvuelven en diferentes sectores, estas agrupan a 20 millones de personas. Entre los países que más destacan al respecto se encuentran Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina.
Por su parte, en Colombia existen unas 8 500 cooperativas con 5.131.780 socios, cuyo aporte a la generación de empleo es crucial; 140 000 empleos directos.
Brasil tiene más de 6 600 cooperativas con nueve millones de socios y 300 000 puestos de trabajo. Los subsectores que más empleo aportan son el agroalimentario (49%) y el de crédito (18,8%).
Asimismo, en Uruguay el cooperativismo se ha caracterizado por su progresión sostenible en el tiempo. Según datos de la FAO (2016) los asociados a las cooperativas son unos 540 000. Para esta fecha, existen en el país, 179 cooperativas agroalimentarias con 40 000 asociados que están jugando un papel fundamental en la comercialización y exportación de los productos agrarios de este país. A los efectos, las cooperativas uruguayas comercializan el 90% de la leche producida y un alto porcentaje de los cereales, que son los principales cultivos de este territorio.
Un ejemplo de empresas cooperativas, que actuando dentro de los valores y principios de la cooperación, han sobrevivido al embate de la crisis y han contribuido dentro sus medios a la satisfacción de las necesidades de sus asociados, y a mejorar la calidad de vida de la población lo constituyen la integración agroindustrial de las cooperativas azucareras de Tucumán, el caso Previsol y de la cooperativa de consumo de Bahía Blanca, la red de cooperativas apícolas integradas de la provincia de Buenos Aires, la experiencia de la COFAC (Cooperativa de Crédito de Uruguay), entre otras.
En Argentina concurren más de 12 900 cooperativas de distinto tipo con 9,4 millones de socios y 270 000 empleos directos. Los sectores que más destacan en el aporte de generación de empleo en este país son las cooperativas agroalimentarias con el 26,3% del total de empleo creado en las cooperativas y suponen el 6% del PIB. Otro indicador económico relevante, es que solo el 9% del total de las cooperativas del país son agropecuarias, pero facturan el 53% del total cooperativo y se ocupan de la producción, el acopio, el transporte y el procesamiento industrial. Estas cooperativas agropecuarias se distinguen porque están integradas principalmente por productores familiares, son empresas nacionales y protegen el medio ambiente.
A diferencia de la anterior situación, las cooperativas campesinas en Cuba son predominantes en todo el país y en la producción agropecuaria con 3347 organizaciones. Ellas funcionan en todas las ramas agrícolas y ganaderas del país, y les corresponde 2/3 de los acopios nacionales de alimentos y realizan un apreciable papel en apoyo a las comunidades rurales, a las escuelas, instituciones de salud y en la prestación de múltiples servicios a sus miembros (Fernández Peiso, 2012).
En Ecuador la información acerca del cooperativismo es muy insuficiente. Algunos autores reportan el registro de 1750 cooperativas, pero no se precisa cuales son cooperativas agroalimentarias; igualmente, estos datos no están avalados por organismos del Estado. Es evidente el predominio de cooperativas de tipo financiero en casi todo el país y en provincias eminentemente agrícolas estas organizaciones no son visibles, son insignificantes en cuanto a su influencia para los campesinos y peso en el mercado.
Diversas causas pueden explicar la casi nula presencia de cooperativas agrícolas en el país, entre las que resaltan: su rechazo a causa de su empleo perverso en los años 60 del siglo XX, desconocimiento de su papel, la ausencia de políticas gubernamentales, la no identificación de las fuerzas sociales interesadas en promover estas organizaciones y la carencia de cultura y conocimientos sobre el papel de estas organizaciones en otros lugares de América Latina.
Los Centros de Educación Superior, dada su gran función social, podrían realizar una labor muy útil en el fomento cooperativo. El Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (CEPAC) de la Universidad Central de Venezuela, la Red de Cooperativas de la Universidad Autónoma Chapingo, México y otras instituciones de ese nivel testimonian la comprensión y apoyo que ellas prestan al fomento de estas organizaciones colectivas. La Universidad Técnica de Manabí, enclavada en una provincia agraria de Ecuador podría realizar una labor semejante al de las instituciones antes mencionadas. En orden de acciones se precisa una gran labor divulgativa del papel que cumplen estas organizaciones en diferentes países de la región, es decir, cómo se constituyen, cuáles son sus normas y principios de funcionamiento, su impacto económico y social en los productores agrícolas miembros. También, las universidades podrían contribuir con cursos en formación de líderes y en administración de empresas colectivas rurales y ayudar a un grupo seleccionado de productores en la formación de una cooperativa exitosa. Todo ello supone, por sobre todas las cosas, voluntad política y determinación para contribuir al desarrollo del país y las economías campesinas.
Conclusiones
A partir de lo hasta aquí expuesto se puede concluir que en los estudios de Marx, Engels y Lenin se hallan los fundamentos para comprender el movimiento del capitalismo en la agricultura, las formas de penetración y dominación del capital en el espacio agrícola, el estatus de las formas de producción campesinas, el futuro del campesinado y la validez de la categoría “renta de la tierra o superganancia”, como clave para desentrañar la especificidad que tiene el movimiento del capital en esta esfera de producción, todos ellos elementos indispensables para esta investigación.
El problema agrario muestra una determinada universalidad, más que una presencia particular de la región. Sus particularidades son parte de las complejidades de los espacios de dominación del capital.
El agronegocio es una figura socio-económica, presente en el Ecuador, que expresa el movimiento del capital financiero transnacional en la agricultura de la economía capitalista contemporánea, beneficiada por la regulación monopolista estatal, Aunque tiene su espacio original en los países capitalistas desarrollados, paulatinamente, ha extendido su red de dominación hacia América Latina.
El capital todo, en particular el agrario, se apropia de las formas de producción más variadas, sin embargo, este fenómeno no entraña uniformidad o linealidad, sino que su capacidad de dominación procede precisamente de la densidad y multiplicidad de las condiciones de existencia de esta relación social. Fenómeno que se acrecienta y multiplica con las complejidades y heterogeneidad de formas en que se desenvuelve el dominio del capital en la época de la Globalización-Neoliberal.
En una indagación de lo que ocurre hoy en la región y el Ecuador, se percibe que el pequeño campesino permanece desempeñando su papel de ente adecuado para el gran capital sin haber logrado superar -o peor aún, reforzando- las tradicionales relaciones de dependencia.
Un examen de la situación de los pequeños productores agrícolas del Ecuador, sugiere que dado su falta de asociatividad, ha impedido que adquieran empuje la mayoría de sus reclamos; asimismo, al no ser tenidos en cuenta por el Estado y las políticas públicas, se ha visto limitado su desarrollo.
Los avances en materia agraria en el Ecuador han sido bastante limitados, la estructura agraria sigue caracterizada por la bipolaridad, de hecho, por la permanencia de la alta concentración de la tierra en pocas manos; la coexistencia de un sector formado por un reducido número de propietarios que dominan grandes extensiones de tierra, junto a un grupo extendido de individuos, que trabajan la tierra y poseen pequeñas parcelas.
Las cooperativas o asociatividades entre los campesinos ecuatorianos, a pesar de las ventajas que reportan, ha sido poco explotadas. Una posible vía para aprovechar esta forma organizativa es la implementación de una política de gobierno para su impulso. Asimismo, otra alternativa podría estar en que las universidades, con apoyo de otros actores sociales, pudiesen desempeñar un papel activo en su fomento, mostrando sus ventajas, como se construyen y se gobiernan, a la par, elaborar una cooperativa “tipo” que sirva de paradigma a los campesinos.